Promoval, la empresa que construyó los inmuebles sitos en la rúa Emilio Alonso Paz ahora en manos de la Sareb, corrige las declaraciones de varios inquilinos, afectados ahora por una orden de desalojo que fija el 4 de noviembre como fecha para dejar libres sus viviendas.
La gestora de esta empresa explica que en esta calle, en los bloques 2 al 8, se construyeron 64 viviendas, 65 plazas de garaje y un bajo comercial. Entre los años 2009 y 2013 se vendieron 34 viviendas, con sus respectivas plazas de garaje. Pero, a raíz de la recesión económica y el parón de ventas en el sector, quedaron sin vender otros 31 pisos y sus plazas de garaje. Por eso la promotora decidió “acondicionar totalmente las viviendas y destinarlas a alquiler. Alquileres que se siguieron manteniendo hasta que todas las viviendas estuvieron ocupadas, siendo el último alquiler en mayo de 2019”. Aclara que, si estuviesen embargadas desde 2011, como manifestó alguna inquilina, “esas viviendas no se hubiesen podido vender, tal como consta en Notaría y en los registros oficiales entre los años 2009 a 2013”. Sobre las otras casas que se alquilaron, asegura que siempre se hicieron contratos escritos, de modo que “nunca existió ningún contrato verbal ni ningún acuerdo verbal”, y que estos contratos podía ser elevados a públicos si una de las partes quisiese registrarlo.
Dueña hasta final de 2019
Promoval fue dueña de estos pisos desde 2006 hasta el 31 de diciembre de 2019. Para el pago del alquiler (que podía hacerse en mano o mediante transferencia bancaria), le expedía a cada inquilino un recibo firmado con la cuantía “que aparecía en el contrato y nunca por otra cantidad diferente”. Ocurría lo mismo con los gastos de luz y agua: algunos inquilinos los tenían domiciliados en sus cuentas, y otros se los pagaban a la promotora, que había adelantado el dinero cuando le llegaba el recibo.
Pues bien, en julio de 2019 se publica en el BOE la subasta de estas viviendas alquiladas. Y en este punto Promoval realiza otro apunte: de los 20 inquilinos, 11 dejaron de pagar el alquiler, “alguno incluso antes de que la Sareb sacase a subasta los pisos”. Promoval les envió un burofax (a inquilinos del portal 8) indicando que se les suspendía el contrato por impagos y que se les requería el abandono del inmueble, al no haber ya un contrato en vigor. Añade que también tuvo que reclamar el pago de recibos, que en ocasiones fueron abonados a plazos, “incluso esperando dos o tres meses” desde la promotora.
El juez dio la razón a Promoval, y los inquilinos tuvieron que pagar esos al menos seis meses de alquiler pendientes. Promoval apunta que durante el proceso judicial ningún demandando presentó pruebas escritas que ratificasen que las viviendas estaban embargadas. Es más, la sentencia reclamó el pago a la promotora y no a una entidad bancaria o a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. A día de ayer, algunos de estos pagos aún siguen pendientes, apunta la gestora de Promoval, “porque no hicieron ningún pago en el plazo fijado por el juzgado o porque no se les han podido embargar las nóminas o cualquier cuenta bancaria que esté a su nombre, en algunos casos por la existencia de otras deudas que constan en el juzgado anteriores a la sentencia que le permitiría a Promoval cobrar la deuda”, explica la gestora.
Desde el 1 de enero de 2020, la Sareb es la dueña de esta treintena de viviendas. Algunas fueron adjudicadas durante la subas de 2019. Los inquilinos afectados abrieron desde entonces una línea de negociación que la entidad parece dispuesta a retomar de nuevo, tras conocerse la ejecución de la orden de desahucio, pero solo con los contratos que el juez estime que son legales. La orden de desahucio afecta a media docena de familias, varias de ellas con niños de corta edad. Los afectados no descartan que lleguen más.
Sin reclamaciones
En su argumentario, Promoval quiere dejar claro que en ningún momento estafó a sus inquilinos. Es más, recuerda que hasta el 31 de diciembre de 2019 ningún arrendatario “ni presentó ni reclamó por ninguna irregularidad a la propiedad”. Añade que, durante el mencionado juicio para reclamar el pago de los alquileres pendientes, ningún demandado presentó esos recibís donde presuntamente aparecían cantidades diferentes a las firmadas en los contratos, y que según algunos inquilinos iban pagando como adelanto para la futura compra. “Tal prueba nunca fue aportada en el juzgado, lo que demuestra que las injurias están hechas con mala fe y alevosía”. Promoval, por último, añade que no es la primera vez que inquilinos de Alonso Paz “vierten injurias y difamaciones”. Se remonta a julio de 2019, cuando se conoció la subasta de los 60 lotes, entre pisos y garajes, de esa calle. Por entonces, “estos mismos inquilinos hicieron declaraciones similares y en esa fecha la promotora no quiso hacer ningún comunicado”. No sería el único enfrentamiento entre Promoval y las familias de esas viviendas: estas se quejan de que se enteraron de la puja de sus casas por FARO, y en diciembre del año pasado alertaron también de que habían sido retirados varios contadores de gas.
Cierre de una terraza
Entre las familias afectadas por la orden de desalojo hay una, con una niña de cinco años, que se encargó de comprar los electrodomésticos y amueblar, puesto que tenían un alquiler con derecho a compra. La inquilina asegura que adelantó 3.000 euros en el momento del contrato y que asumió los costes de cerrar la galería. Promoval, que reconoce estos 3.000 euros de entrada (suele ser habitual en un contrato con derecho a compra) replica que esta familia adeudaba más de 12 meses, por eso se decidió, mediante un anexo al contrato inicial firmado el 31 de enero de 2019, descontar esos 3.000 euros para pagar 10 cuotas pendientes, de forma que quedaban otras por importe de más de 800 euros “que seguían manteniendo y que nunca fueron abonadas”, apunta Promoval. En este piso se cerró la terraza pero no por parte de la familia, sino mediante un contrato de Promoval con una empresa. La promotora asegura que dispone tanto de la factura del proveedor como del justificante de pagos mediante transferencia bancaria.
