El 16 de julio de 2019 quedaron truncadas las expectativas de una veintena de familias en Silleda. Se enteraban por FARO DE VIGO de que salían a subasta sus viviendas, 31 pisos de la calle Emilio Alonso Paz, junto a 29 plazas de garaje. Los inquilinos pagaban religiosamente sus alquileres, la mayoría en mano, y en algunos casos con cuantías variables porque se suponía que lo que aportaban a mayores iba para amortizar la futura compra. Pero la promotora no abonaba la hipoteca, y de ahí que los pisos saliesen a subasta para saldar una deuda de 2,1 millones de euros.
“Fui al registro y vi que las hipotecas estaban embargadas desde el año 2011”, explica una de las inquilinas afectadas. Vive en el portal número 6 desde 2012. Adelantó 3.000 euros para su alquiler con derecho a compra. Ella y su pareja tenían un compromiso verbal con la promotora según el que a los 10 años (es decir, en 2022) abonarían el resto del dinero para pasar a ser los dueños. Así que amueblaron, cerraron la galería y compraron electrodomésticos.
Pagos en mano
No fue la única familia que hizo reparaciones. Alba (nombre ficticio) vive en uno de estos inmuebles desde 2017 y cambió la cocina por otra de inducción, compró otro horno e incluso contrató un seguro para la vivienda. Incluso hubo que reparar las humedades del techo y ahora estaban pendiente de cambiar el parqué. Pensaba que tenía un contrato de alquiler con derecho a compra, pero no. Y pagaban en mano, ante la resistencia de la promotora a que fuese por transferencia. Por eso, el recibí que les entregaba cada mes no tiene validez en los juzgados.
Estas dos familias (la primera, con una niña y la segunda, con dos hijos) tienen que dejar libre su casa el 4 de noviembre, y tras dos años de negociaciones. Hay otras cuatro que también tienen esa fecha límite, y no les queda otra que vaciar sus casas, porque la toma de posesión incluye todo lo que haya dentro. Los abogados están tramitando escritos de suspensión.
"Nos echaron las cosas del trastero y tuvimos que dejar libre la plaza del garaje"
Son 12 familias las que en realidad llevan viviendo más dos años de calvario e incertidumbres. Y había muchas más, pero varias decidieron marcharse ya, aún a costa de perder todo lo que habían invertido. Tras tener lugar la subasta en 2019, hubo casos en los que los compradores “nos echaron las cosas del trastero, y tuvimos que dejar libre la plaza del garaje”, recuerda la familia de uno de los pisos del portal 6, que también vio como los compradores en subasta de otros pisos habitados “llegaron y les dijeron a los inquilinos que tenían que marcharse. Les dio tiempo a llevarse lo básico”.
La dueña de los pisos siempre les negó a los inquilinos que sus pisos estaban embargados, y fue además quien dio la orden de que dar de baja los contadores, pese a que el gasto de cada uno estaba domiciliado en la cuenta del inquilino correspondiente. Los afectados reciben, tras conocer la subasta, una carta de Hacienda en las que se les aconseja no seguir abonando sus mensualidades, pero resulta que la Sareb no puso los pisos a su nombre, así que la promotora reclama por vía judicial esos meses de julio de 2019 a enero de 2020, y el juez falla a su favor.
"En los juzgados no aparece la documentación que proporcionamos
No sería la única sorpresa para estas familias. El año pasado, durante el confinamiento, la Sareb envía a una persona para tomar los datos de las familias que residen en estos pisos, y varias facilita el contrato y las facturas de la luz o el agua, para que quede claro que sí hay inquilinos dentro. Y hete aquí la paradoja: algunas familias no proporcionan estos datos y a ellas no les llega ninguna notificación de desahucio. “Resulta que en los juzgados no aparece la documentación que proporcionamos”, lamenta una de las afectadas. Es cierto que desde enero del año pasado no pagan alquiler ni hipoteca porque así lo estipuló la Sareb, pero todos tienen al día sus recibos de agua y luz, y deberían ser documentos suficientes para dejar claro que sí vive gente en estas casas, y que desean seguir en ellas.
Compra por el 80% del valor
En julio, se enfrentaron a un juicio para negociar de una vez con la Sareb, que al principio sí parecía dispuesta a llegar a un acuerdo. “Pero lo que nos preguntó es si estábamos dispuestos a comprar el piso por el 80% de su valor”, unos 75.000 euros. “Y dijimos que no, porque no los vale”, indica otra pareja del bloque 4. En su caso, viven en la calle Emilio Alonso desde 2018, en régimen de alquiler, y por el momento no han recibido la carta de desalojo. Pero saben que llegará en los próximos meses. “No llegarán a un acuerdo mientras estemos dentro de los pisos”, vaticina esta afectada. En este caso, cambiaron algunos muebles, y los problemas de filtración en principio los cubría el seguro del piso, pero la habitación del niño tienen humedades, con lo que el pequeño duerme con sus padres. Lógico que no reparen esta incidencia, en vista de que no saben qué va a pasar a medio plazo. y de que ya dan por perdida la fianza “Nosotros incluso queríamos pagar la comunidad, pero la Sareb, por decisión propia, no la cobra”, añade. Y lamenta que “es ridículo que tengamos que marcharnos y que la ley, sin embargo, ampare a los okupas”.
"Es ridículo que tengamos que marchanos y que la ley, sin embargo, ampare a los okupas"
La norma sí ampararía a las personas que empezaron a vivir aquí en 2019, con el cambio de la Ley de los contratos de crédito inmobiliario, pero es que son casos muy puntuales: una pareja de señores mayores y una mujer que vivía sola.
Hay otra familia, también del portal 4, que vive aquí desde 2012. Son una de las más veteranos. Tenían también alquiler con derecho a compra, sin fecha límite para formalizar la adquisición, y la suerte de que consiguieron que su mensualidad (300 euros) no variase y que además fuese por cuenta bancaria. Porque había casos en que pagaban un mes 500, otro 800, pero siempre en mano y con un recibí como garantía. “Eso sí, otro vecino por el mismo duplex pagaba 260 euros”, apunta el varón. Esta pareja intentó contactar con la Sareb tres veces, por teléfono, pero ésta se agarra a que “hay una sentencia judicial y hay que abandonar las viviendas”. Y claro, ni tuvo en cuenta esos pagos por transferencia.
Tienen un niño de nueve años y pueden irse a una casa que le han prestado. Pero sus vecinos no tienen la misma suerte. “Queremos quedarnos aquí y pagar nuestra hipoteca”, apunta Alba, que hizo una propuesta a la Sareb de comprar el piso por el 80% de lo que valía, y la entidad la rechazó. “A esta alturas no vamos a encontrar ninguna vivienda en Silleda”, y menos para alquilar dos o tres meses por si al final pueden regresar a sus casas.
Tardanza del Concello
Otros afectados se han ido ya para Lalín o Arzúa, recolocando a sus niños en otros colegios y, por tanto, provocando un descenso en el padrón de Silleda. Los afectados lamentan la tardanza en reaccionar desde el Concello, que días atrás les solicitó los contratos y la carta del lanzamiento.
Y no deja de resultar curioso que la Sareb le ofreciese a Silleda pisos de alquiler social, a 110 euros, mientras 20 familias pierden su inversión en la que iba a ser su casa de por vida. El lunes los afectados se reunieron con el PP, pero llevan ya varios meses en contacto con el BNG, que en más de una ocasión se hizo eco de la situación.
