Más de 2,5 millones de euros ha inyectado en la hostelería de Deza y Tabeirós-Terra de Montes la Consellería de Emprego e Igualdade a través de la aprobación de 1.201 ayudas directas correspondientes a los dos primeros planes de rescate. La segunda convocatoria, que acaba de quedar resuelta, ha permitido dar cobertura al 94% de los establecimientos de la provincia, con 13.385 aportaciones por cerca de 30 millones de euros, y liquidez a uno de los sectores más afectados por la pandemia y las medidas de contención del COVID-19.

En cuanto a la distribución en las comarcas, los locales del municipio de Lalín rozan el medio millar de ayudas (476) con un importe global cercano al millón de euros (959.105), mientras que en A Estrada son 300 subvenciones por un total de 692.290 euros y en Silleda, 225 cifradas en 447.120 euros. Ninguno de los demás territorios llega al centenar de ayudas: 60 en Vila de Cruces por un montante de 133.375 euros; 59 en Cerdedo-Cotobade por 117.635; en Forcarei son 27 ayudas y 67.125; en Rodeiro, 19 por 45.000 euros; en Agolada, 17 por 32.300; y en Dozón, 9 por 20.300.

Con los dos primeros planes de rescate, la Xunta de Galicia ha movilizado 182 millones de euros con el objeto de aportar liquidez a estos negocios y contribuir a su viabilidad y a la permanencia del empleo. El tercer plan, ya aprobado, se nutrirá de fondos del Estado, 234,4 millones de euros, el 3,3% de los 7.000 millones repartidos en toda España. La comunidad priorizará que las ayudas lleguen a los trabajadores autónomos y las microempresas, que suponen el 97% del tejido productivo gallego y a las que reserva 200 millones, el 85% del plan.

A través del diálogo social y la mesa del empleo autónomo, la Xunta ha diseñado un tercer programa que prevé ayudas de entre 3.000 y 30.000 euros para autónomos y empresas, establecidas en función de la bajada de la facturación padecida a causa del COVID-19 y el número de empleados a cargo. Otra de las aportaciones de Galicia al plan consistió en extender las ayudas a todas las actividades económicas, y no solo a las 95 apuntadas por el Real Decreto del Estado, siempre y cuando puedan acreditar una caída de ingresos del 40% o más. Con el objetivo de garantizar la mayor agilidad posible, el gobierno gallego aplicará el mismo criterio que en los dos primeros planes de rescate y concederá el anticipo del 100% de los importes con la mera presentación de una declaración responsable.