Compromiso por Lalín desveló ayer que la liquidación presupuestaria del año pasado arroja un remanente de tesorería de 6.077.326 euros “que quedaron sin gastar pudiendo hacerse”. La portavoz de esta formación, Teresa Varela, señala que estamos ante una cifra histórica y la evidencia de una “radiografía exacta del desastre de gestión del gobierno de José Crespo y el certificado de la incapacidad política manifiesta que llevamos meses denunciando y de la que nos advertían fuentes internas del Concello”.

Tanto la edil como el coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, apuntan que los axiomas pregonados por el PP contra la gestión del cuatripartito ahora se les vuelven en contra y ponen en evidencia “a los que venían a arreglar el concello en dos años”. La que fue edil de Facenda en el ejecutivo anterior repara en una cuestión que, indica, deja en peor lugar todavía al equipo de Crespo, una vez que el cuatripartito estaba sometido a la regla de gasto, medida eliminada por el Estado para los ejercicios 2020 y 2021 por la pandemia sanitaria. Es decir, antes la administración local tenía limitada su capacidad de gasto y por eso se generaba remanente de tesorería, algo que no acontece ahora. “Esos seis millones pudieron ser invertidos en necesidades de los lalinenses y si no se hizo fue por la caótica organización del actual gobierno”.

Varela añade que disponer de este nivel de dinero en caja conllevará una limitación de nuevo de las inversiones el próximo año cuando la regla de gasto vuelva a ser instaurada por el Gobierno central. “Es la tormenta perfecta de la incompetencia”, describe Cuíña, quien apunta que si el Estado no eliminase esta limitación el Concello habría incumplido y se vería abocado a un Plan Económico Financiero (PEF) en el que se le retirarían competencias municipales que pasarían a depender de otras administraciones.

Posibles irregularidades

En otro orden de cosas, los ediles indican que la documentación recoge otras consideraciones de la interventora sobre “presuntas irregularidades” en el expediente de expropiación de terrenos para la ampliación del cementerio de A Romea por falta de fiscalización previa. En los mismos términos se pronuncia la funcionaria sobre los premios de Feiradeza o el convenio con la CRTVG “en el que se insta al alcalde a remitir un nuevo decreto acordando la continuación del procedimiento de aprobación en junta de gobierno”. Especifica que se trata de un documento firmado el 20 de mayo de 2020 por la interventora, “cuando la gala televisiva se celebró en febrero, por tanto son los requisitos administrativos necesarios, cuando menos presuntamente”, arguye.