El contrato menor es una herramienta que faculta a las administraciones para formalizar contratos de obras y suministros o servicios sin tener que sacarlos a concurso. Está pensado principalmente para afrontar gastos en cierto modo extraordinarios y no para aquellos servicios que por sus propias necesidades se reproduzcan en el tiempo; es decir, todo tipo de suministros necesarios para el funcionamiento de una administración como en este caso la municipal. El gobierno lalinense recurrió al procedimiento negociado el año pasado para abonar un total de 179 facturas por un importe de 1.129.491 euros.
Los cambios legislativos de los últimos tiempos casi que obligan a un gobierno a preparar unos pliegos para la contratación de cualquier tipo de servicio. La fiscalización de los recursos públicos llega hasta el punto de, casi, tener que realizar un procedimiento administrativo para comprar un paquete de folios o un par de bolígrafos. Si desde el punto de vista de la transparencia no hay nada que objetar al respecto, en cuanto al pragmatismo en el funcionamiento del día a día de un ayuntamiento ya es otra cosa. La normativa establece que se puede optar por una contratación solicitando ofertas a tres empresas en obras por un importe máximo de 39.999 euros más IVA y 14.999 con el mencionado impuesto en el caso de suministros o servicios. Además, el gobierno lalinense introdujo una modificación relativa a la certificación de existencia de crédito, fijada como superior a los 5.000 euros. En caso de no ser posible a solicitud de tres ofertas por falta de demanda suficiente acreditada el funcionario que tramite el expediente de gasto, no será necesaria más que una oferta. Y en el expediente de adjudicación del contrato “se requerirá justificar la selección de la oferta conforme a la mejor relación calidad-precio”.
En algunas de las últimas juntas de gobierno el ejecutivo municipal tuvo que recurrir al levantamiento de reparos del departamento de Intervención para pagar facturas al advertir la responsable de este servicio de la necesidad de sacar a concurso suministros habituales. El equipo de José Crespo está sufriendo en sus propias carnes lo que le aconteció al cuatripartito: la coexistencia entre la búsqueda de soluciones del político y el silbato del alto funcionario.
Volviendo a la relación de contratos menores cerrados durante el pasado curso, en el primer trimestre se abonaron –así se desprende de los propios registros municipales– un total de 178.971 euros correspondientes a 54 facturas. En esta relación se incluyen pagos de entre 500 euros por una actuación musical, 2.700 por el enmarcado de carteles originales de la Feira do Cocido, 11.598 por una póliza de responsabilidad civil o 17.873 abonados en material para el acondicionamiento de caminos. En el segundo trimestre se pagaron 44 facturas por 210.073 euros. Son contratos variopintos como la realización de encuestas del plan Lalín Ssuma 21 (17.500 euros), un programa de iniciativa social (16.060), obras en parques infantiles (23.987), limpiezas en el Paseo do Pontiñas (4.997), la compra de una desbrozadora (14.885) o 6.800 por el servicio que figura bajo el epígrafe Pruebas COVID personal municipal.
Medio centenar de contratos, que alcanzan 350.069 euros, corresponden al tercer trimestre. Arreglos de aceras (44.389), reforma de la cocina de la guardería Pontiñas (41.891), ampliación del parque de la Praza Europa (25.997) o 447 euros por la sustitución de las cerraduras del museo municipal son algunos ejemplos. Los restantes 390.378 euros se limitan a los últimos tres meses del año. El arreglo del local anexo al pabellón (47.186), remate de la cubierta del Arena (46.825), climatización del centro social de Goiás (22.910) o los 5.493 que costó el tren de Navidad son parte de estos pagos.
Actuaciones de la brigada de Obras
Por otro lado, la brigada municipal de Obras acometió el arreglo de una cuneta en Filgueiroa (Donramiro) en el tramo que une este lugar con la residencia Domusvi. El equipo también realiza actuaciones en Parada, Goiás y siegas en los entornos escolares. También se realizaron desbroces en el polígono Lalín 2000 y el Pazo de Liñares, que en los próximos días se extenderán a los solares municipales del casco urbano. La próxima semana la brigada se desplazará a las parroquias de Barcia, Noceda y Castro. El concejal José Cuñarro señala que el equipo de aglomerado actuó en zonas ganaderas como Lamas (Noceda), Anzo, Santiso y Méixome para garantizar el acceso a vehículos pesados.
Las facturas en los cajones de los concellos
La totalidad de las administraciones locales de las comarcas pagaron sus facturas dentro del plazo máximo de 30 días y por tanto acataron las directrices de la ley contra la morosidad. Los últimos datos divulgados por el ministerio corresponden al pasado mes de diciembre y en esta relación no figuran Rodeiro y Agolada por no haber trasladado los preceptivos informes al Ministerio de Hacienda. Los siete restantes realizaron el pasado curso pagos por valor de 11.887.496 euros, pero más de millón y medio de facturas quedaron en los cajones sin ser satisfechas en el mismo año. La relación de importes de pagos pendientes y concellos es la siguiente: Lalín (639.517), Silleda (131.342), Vila de Cruces (178.018), Dozón (322.790), A Estrada (2.541), Forcarei (53.056) y en Cerdedo-Cotobade quedaron sin atender abonos que suman 238.405 euros. Entre los concellos que mejor pagan a sus proveedores sobresale Silleda (un promedio de 0,25 días) y Cerdedo-Cotobade (6,13); Lalín tarda una media de 13,23 días y A Estrada algo más de 24. La administración local de la capital dezana hizo pagos por 2,6 millones y la de Tabeirós por cerca de 3,8. Según los datos ministeriales la Mancomunidade Terras de Deza sí vulneró la normativa de pago a proveedores al disparar su período medio a 63 días. Hizo frente a servicios por valor de 8.519 euros y su cuadro anual de pagos pendientes quedó a cero.
