La red de guarderías gestionada por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar cuenta con siete en Deza y Tabeirós-Terra de Montes: Pontiñas y Polígono (Lalín), Silleda, Vila de Cruces, A Estrada, Forcarei y Cerdedo, si bien este municipio tiene otra en la parte de Cotobade, en Tenorio. Entre todas suman 71 nóminas –de mujeres, en una abrumadora mayoría–, de las que 45 corresponden a educadoras, 17 a maestras y 9 a personal de servicios generales, una por centro, excepto en el de Trasdeza, que tiene dos. Descontando a estas últimas, hay 62 trabajadoras para atender a 341 alumnos, lo que arroja una ratio de 5,5 bebés por docente. Está muy por debajo de la recomendación establecida, que fija ratios máximas de 8, 13 y 20 para cada una de las franjas de edad.
A Galiña Azul con más polluelos este curso es la de Silleda, con 68 matriculados, a los que atienden tres maestras y nueve educadoras; tocan a 5,6 alumnos por docente, en línea con la media general. Ligeramente superior es la proporción en las dos escuelas de Lalín: En la del Pontiñas hay 66 matriculados, de los que se encargan tres maestras y siete educadoras (6,6 de ratio) y en la de Lalín 2000 son 63 bebés para dos maestras y ocho educadoras (6,3). La ratio más baja de Deza corresponde a Vila de Cruces, con dos maestras y cuatro educadoras para los 30 matriculados este año, es decir, 5 niños para cada docente.
A menos tocan aún en la escuela infantil de A Estrada (4,8), pues son 48 alumnos para dos maestras y ocho educadoras. Solo presenta inferior ratio la de Tenorio (4,1), con 33 alumnos, tres maestras y cinco educadoras, mientras que su vecina de Cerdedo está en 5,3, pues dispone de una maestra y dos educadoras para cuidar de 16 bebés. Un matriculado más tiene la unitaria de Forcarei, con idéntico personal, lo que sube la ratio a 5,6.
En estos momentos, el consorcio está rematando todo el proceso de registro de todas las solicitudes de matrícula para el curso 2021-2022 que se presentaron en sus escuelas infantiles de toda Galicia. El personal educativo con el que contará cada centro “se fijará en función del número de unidades que finalmente se conformen”, explican desde la Consellería de Política Social. “Pero, en cualquier caso, siempre se garantizará la pareja educativa en cada unidad en los momentos más significativos de la jornada”, matizan.
En cuanto a los plazos, esta misma semana, el lunes 12, se cerró el plazo de presentación de las solicitudes de matriculación. El 10 de mayo se publicará el listado provisional de admitidos en el DOG (Diario Oficial de Galicia y se abrirá un plazo de reclamaciones hasta el día 18. El 31 de mayo saldrá en el mismo boletín la lista definitiva de admitidos, cuyas familias dispondrán de ocho días para formalizar la matrícula. El comienzo del próximo curso está fijado para el 6 de septiembre.
Las trabajadoras exigen que las hagan fijas
El personal del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar lleva semanas de movilización para paralizar la oferta pública de empleo (OPE) anunciada por la Xunta en diciembre pasado para cubrir unas 1.200 plazas y después de no convocar oposiciones desde 2009. Considera que pone en peligro sus puestos de trabajo al no dar suficiente relevancia a su experiencia laboral, tras muchos años en situación de provisionalidad y solicita al ejecutivo que rectifique. Entre los cerca de 1.500 afectados están las trabajadoras de la red de escuelas infantiles A Galiña Azul, que reclaman que se garanticen unos empleos en los que la mayoría lleva años encadenando contratos temporales. Las de Silleda colgaron estos días una pancarta para pedir que las hagan fijas. “Pretenden desmantelar nuestro equipo profesional”, denuncian empleadas de guarderías públicas sobre un proceso que llega en un momento crítico, debido a la pandemia, que las coloca en primera línea. Subrayan que todas accedieron a sus empleos por los sistemas selectivos legales establecidos por las administraciones, sin llegar a ser fijas. Muchas acumulan más una década de servicio público en una situación de interinidad que, a su entender, constituye “un claro fraude de ley”, por lo que exigen que se regule su situación de acuerdo con las directrices laborales europeas. “Se está cometiendo un abuso reiterado en nuestros contratos laborales y ahora, en lugar de hacernos fijas, pretenden echarnos a la calle sin tener en cuenta las directivas europeas que prohíben el uso abusivo de la contratación temporal a la que nos vemos sometidas”, arguyen. Las plantillas de las guarderías conforman “un equipo de profesionales cohesionado que conoce las metodologías de trabajo, los recursos y las características poblacionales” del entorno, al igual que conocen a los niños y a sus familias, apuntan. Por eso entienden que carece de sentido que vayan a “desestimar tanto trabajo y experiencia desperdiciando la calidad de los servicios que se prestan”.
