Las grandes infraestructuras generan, habitualmente, un fuerte impacto sobre aquellos lugares en los que se asientan y estos proyectos no siempre cumplen con el objetivo de minimizar la agresión al territorio. Embalses, vía de alta densidad o parques eólicos son algunas de ellas, pero su implantación también genera un retorno económico para las administraciones públicas. Semanas atrás esta Redacción divulgaba algunos de los principales proyectos que el sector eólico pretende impulsar en las comarcas, entre ellas el polémico parque Val de Folgoso que afecta a terrenos de Lalín. Más allá del impacto que esta infraestructura pueda generar en núcleos como Os Porcallos, el viento ya mueve desde hace muchos años los molinos situados en lugares de un alto valor paisajístico como el monte Candán; algo que parece inconcebible.
Volviendo a lo que estas instalaciones generan los concellos, parques eólicos, embalses o autopista dejaron en las arcas de los nueve municipios de las comarcas 7,4 millones de euros en un lustro. Son fondos procedentes de los denominados técnicamente Bienes Inmuebles de Característica Especial (BICE) que las empresas titulares de estas infraestructuras abonan a las administraciones y en las comarcas todas liquidan este tributo. Lalín es el ayuntamiento que más beneficio saca a los BICE, con un promedio de 460.000 euros anuales y entre los años 2015 y 2019 –el último del que se conocen datos exactos de la liquidación presupuestaria– el montante económico se sitúa en 2.307.142 euros. Silleda –además de los complejos eólicos es otro municipio atravesado por la AP-53– es el segundo en el que estos bienes de característica especial dejan más dinero en su caja municipal, con casi 1.400.000 euros en cinco años y un promedio de 270.000 cada do doce meses –en 2015 la recaudación fue la más baja, con 249.001 euros–.
El concello cruceño, a razón de unos 130.000 euros anuales, obtuvo en un lustro 681.584 euros. Agolada y Dozón, con 386.515 y 241.040 euros en cinco años, son los que menos recursos obtuvieron. Rodeiro y Forcarei son ejemplos de dos administraciones locales en las que estas instalaciones representan un volumen importante de ingresos. Por poner un ejemplo: el ayuntamiento de Montes recaudó en 2019 casi 201.000 euros solo 40.000 menos que lo que supusieron ese año las transferencias correspondientes a la participación de ingresos de la comunidad autónoma; es decir, el montante aportado por la Xunta. En cinco anualidades los BICE dejaron 731.335 euros. La localidad de Camba obtuvo un total de 884.000 euros, con aportaciones anuales que oscilaron entre los 150.800 y los casi 192.000. Son cantidades superiores a, por ejemplo, el impuesto de vehículos o a los recursos procedentes de todas las tasas municipales. Los concellos de A Estrada y de Cerdedo-Cotobade percibieron en un lustro 558.600 y 271.000 euros respectivamente.
Por otro lado, el Concello de Lalín citó hoy a las 20.30 horas a los vecinos de Os Porcallos, Santón, Igrexa, Casares, Beilás y Palmaz en el centro social de Goiás para informarlos sobre la posible implantación del parque eólico que promueve la sociedad Green Capital Development.
Quince años de una sentencia clave
Tras una larga e intensa batalla judicial entre las empresas del sector y la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) el Tribunal Supremo reconocía a finales de 2007 que los parques eólicos son a efectos catastrales Bienes Inmuebles de Características Especial. Realmente el pulso había comenzado antes, con el alcalde lalinense José Crespo al frente de la organización supramunicipal. La sentencia abría la puerta a que los concellos impusieran a los aerogeneradores un tipo impositivo del 1,3%, tres veces más que el 0,4% que pagaban hasta entonces. La histórica resolución del Supremo tras el recurso presentado por la Fegamp en junio de 2006 contra el Real Decreto que excluía la opción de que los parques eólicos pagasen impuestos en calidad de BICE no tenía carácter retroactivo, con lo que los concellos no podían exigir posibles atrasos. Galicia abría las hostilidades en una batalla en la que todos los municipios españoles salían victoriosos.
Parque singular
Al margen de los complejos energéticos impulsados y gestionados por empresas, Lalín dispone de un parque singular situado en terrenos de la parroquia de Lebozán. Energías de Pontevedra explota este complejo municipal desde 2006 con una concesión por 40 años. A finales de 2015 el Alto Tribunal autonómico daba la razón al concello al desestimar la petición de reequilibrio económico solicitada por la empresa debido a la caída del negocio por el recorte de las primas a las renovables. El canon abonado en la última cuenta liquidada asciende a 62.645 euros.
