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El confinamiento reduce a 61 las denuncias por violencia machista durante el último año

Los juzgados dictan 14 órdenes de alejamiento y de prohibición de comunicación

El consistorio de Silleda, iluminado por el 25-N.

Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada tramitaron durante el año pasado 61 denuncias, según el informe que difundió ayer el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. La cifra es inferior a las 73 denuncias formalizadas durante 2019, y el descenso se produce también en cuanto a las mujeres víctimas de maltrato: 58 en 2020, frente a las 73 de 2019.

El recorte se da también a escala nacional, con 150.785 denuncias, un 10% menos que las 168.110 de 2019. Esto no implica necesariamente que hayan descendido los casos de violencia machista. La presidenta del citado Observatorio, Ángeles Carmona, indica que la disminución evidencia las dificultades de las víctimas para denunciar a su agresor durante los meses del confinamiento. Aunque la actividad judicial sobre violencia de género no estuvo parada en primavera, las restricciones de movilidad sí hicieron más complicado que la víctima pudiese dar ese primer paso y contar con mecanismos de protección.

Asistentes a la manifestación del 8-M el año pasado, en Lalín.//Bernabé/Ana Agra

Atestados policiales

De las 61 denuncias recibidas en los juzgados, 23 pertenecen a los de A Estrada y las 38 restantes, a Lalín. Buena parte de ellas, 53, cuentan con atestados policiales, 7 se amparan en partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado y la restante fue tramitada directamente por la víctima. A raíz de esta situación de violencia doméstica, durante el año pasado fueron tutelados ocho menores, todos en el partido judicial de A Estrada.

Otro dato que muestra que la violencia de género sigue ahí es que se solicitaron las mismas órdenes de protección y medidas que en 2019, con 19 en total. De éstas, 15 fueron pedidas a instancia de la propia víctima, y las 4 restantes, desde el Ministerio Fiscal. De esas 19, los juzgados adoptaron 8 peticiones, y decidieron denegar las 11 restantes. Conviene recalcar que una de las víctimas que solicitó protección era menor de edad. En cuanto a los varones denunciados, 16 son españoles y los 3 restantes, extranjeros.

Derivadas de estas órdenes de protección y medidas cautelares, los juzgados pueden activar también medidas de carácter penal y civil. De carácter penal hubo 15, también las mismas que en 2019: siete órdenes de alejamiento, siete de prohibición de comunicación y una privativa de libertad. No hubo ninguna orden de protección de menores de edad. A estas medidas penales se suman otras seis medidas de carácter civil (en 2019 habían sido cuatro): dos sobre prestación de alimentos; una de suspensión del régimen de visitas; una de atribución de vivienda; una de suspensión de guardia y custodia y la restante, de otro tipo.

La violencia machista en las comarcas derivó en siete personas que fueron sometidas a juicio, todos varones y todos ellos condenados. En 2019 habían sido 12, con 10 condenados y 2 absueltos.

Por último, quedaron sobreseidos 46 casos, los mismos que en 2019. De forma provisional están archivados 40 casos, que pueden reabrirse si hay indicios nuevos de delito. Otros seis fueron sobreseidos de forma libre, al carecer de indicios de delito o porque el hecho no constituye un delito.

“Tenemos casos de mujeres víctimas de violencia de género de 19 años hasta pensionistas”

Teresa Rocha es la psicóloga y directora del CIM de Lalín.//Bernabé/Javier Lalín

El Centro de Información á Muller (CIM) de Lalín presta atención a las vecinas del municipio, así como a las de Rodeiro, Agolada, en virtud de un convenio firmado a principios del año pasado. Funciona desde el año 2002 y cuenta con Beatriz Alvarellos, como asesora jurídica, y Teresa Rocha, que además de psicólogo se encarga de dirigir este servicio.

–El balance estatal de la violencia de género señala que bajaron las denuncias por las dificultades de las víctimas para poder dar a conocer su caso y por miedo a que les pasase algo a sus hijos. ¿Ocurrió lo mismo en Lalín?

–Sí, fue muy complicado porque por el confinamiento teníamos que salvaguardar la seguridad de la persona. Sí mantuvimos un seguimiento de los casos que teníamos activos. El confinamiento de primavera provocó un parón, porque aunque nosotras seguíamos trabajando como servicio esencial, hubo un aumento de demanda del centro desde el verano, con la desescalada. Lo que sí detectamos fue un incremento de las consultas de atención psicológica a raíz de la pandemia.

–¿Podemos hablar de un perfil tipo de la mujer que sufre violencia de género?

–Para nada. No existe un perfil concreto. La violencia de género es transversal, nosotras conocemos casos de víctimas de violencia de género que tienen desde 19 ó 20 años hasta mujeres pensionistas.

–¿Es más difícil para una mujer del rural denunciar la situación de maltrato que está viviendo?

–La verdad es que las mujeres que viven en el rural tienen más dificultades para acercarse a recursos como el CIM. Por eso es importante incidir en este sector durante las campañas, y también es importante que las familias conocedoras de estas situaciones las deriven a nosotras y las acompañen. En el CIM atendemos a mujeres en situación de vulnerabilidad, y si una de ellas ya estaba mal antes de la irrupción del COVID, éste ha agravado aún más la situación.

Caen las rupturas matrimoniales por segundo año

Por otra parte, la estadística anual sobre nulidades, divorcios y separaciones indica que durante 2020 tuvieron lugar 89 rupturas matrimoniales. Suponen un descenso por segundo año consecutivo, al estar por debajo tanto de las 108 rupturas de 2019 como de las 154 de 2018. En ese ejercicio se había producido un notable ascenso de desuniones frente a las 132 de 2017. En esas disoluciones matrimoniales se imponen por goleada los divorcios, con 88 casos frente a solo una separación. Es la misma tendencia que ya había en 2019: 106 divorcios y dos separaciones.

Y de la misma forma que la ruptura más habitual en un matrimonio es el divorcio, se impone también el de carácter consensuado entre las partes, con 58 sobre los 88 casos totales. Suelen ser menos costosos y más rápidos. Como de costumbre, no se registró ninguna nulidad matrimonial. Al margen de la disolución de matrimonios, los juzgados también intervienen a la hora de decidir el futuro de vástagos cuyos padres no están casados y deciden romper su vínculo. Abordaron a lo largo del año 31 casos sobre la guardia y custodia de estos hijos: en 13 de los casos totales había consenso previo entre los progenitores.

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