“Si los ganaderos y Unións tuviesen una batalla contra los Tecores por los daños de los jabalíes, no estarían interpuestas media docena de denuncias, sino 500”. Así se expresa el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, sobre la polémica desatada tras dos sentencias que obligan al Tecor lucense de Xermade y al dezano de Dozón a abonar 10.171 y 6.145 euros, respectivamente, a ganaderos por destrozos del jabalí en sus fincas. Ayer, la sociedad de caza de Dozón se enfrenaba a otro juicio contra un particular que reclama una compensación de 10.000 euros.

Roberto García explica que la actual normativa responsabiliza, de forma exclusiva, a los tecores sobre los daños que puedan causar los jabalíes en los terrenos que gestionan. Por eso Unións, en enero del año pasado, promovió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), acompañada por 7.000 firmas, para mudar la Lei de Caza. El sindicato quiere mudar, precisamente, el artículo 62, que responsabiliza de los daños en terrenos de aprovechamiento cinegético especial a quienes sean sus titulares y, de paso, hacer que se cumpla otra cuestión que recoge este mismo artículo y que piden tanto ganaderos como cazadores: crear un Fondo de Corresponsabilidad para la prevención y compensación de daños en las explotaciones agrarias.

“No queremos atacar a los Tecores, por la mayoría de los agricultores también practican la caza”, recalca García, quien añade que en una reunión con la Federación Galega de Caza para apoyar la mencionada ILP, ésta no se sumó. “Nuestra iniciativa legislativa popular no quiere acabar con los cazadores, pero es que no podemos pagar los agricultores el 90% de los daños”. La situación es tan grave que en algunas comarcas ya hay granjas que no siembran maíz o patatas.

Preguntado por qué estas denuncias contra el Tecor de Dozón, Xermade, Taboada o Rodeiro se dieron en los dos últimos años, a pesar de que los ataques de jabalíes se padecen desde hace décadas, García explica que “la población de jabalí está ahora más disparada, mientras cada vez hay menos cazadores y de más edad. Y si un afiliado de nuestro sindicato nos pide asesoramiento jurídico, no podemos negarle ese servicio”.

Unións urge a la Xunta un plan cinegético de control de la población de jabalí, tanto por los continuos ataques a cultivos como por el riesgo de transmitir la peste africana a explotaciones de porcino. Sobre la declaración de emergencia cinegética que hizo Medio Ambiente el 3 de octubre de 2019 para abrir la caza de jabalí a todas las jornadas, hasta finales de febrero de 2020, García es tajante: “No sirvió de nada”. UU AA tenía su propia propuesta de control de jabalí, que la Xunta nunca llegó a financiar.