Camiño ya de los tres lustros de las excavaciones en el Castriño de Bendoiro, los materiales aparecidos durante la intervención arqueológica continúan en manos de la empresa contratada para tal fin. Durante los últimos años administración municipal e investigadores locales se preguntaron por el paradero de las más de 30.000 piezas que salieron a la luz en una fortificación con motivo de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) a su paso por la comarca.
Pilar Fernández Pintos, arqueóloga de la empresa Doa (Desenrolo e Obras de Arqueoloxía SC) señala que los restos están a buen recaudo y no existe ningún riesgo de extravío de los mismos, pero que los trabajos de catalogación todavía no están rematados. El principal motivo, señala, es la falta de financiación para costear esta labor científica que, con todo, la sociedad sigue realizando sin percibir una compensación adicional por ello. La profesional explica que su empresa fue contratada por la constructora que acometía las obras de la línea férrea a su paso por esta parroquia lalinense –el subtramo Baxán-Anzo– y que ya en 2007 el presupuesto asignado para la intervención arqueológica se agotó. Desde entonces, Doa continuó con la labor de catalogación de los bienes, aunque Fernández Pintos admite que su empresa no puede dejar de lado otros cometidos profesionales por los que sí percibe una compensación económica y centrase solo en los restos de Bendoiro cuando, cree, no dispondrá de financiación adicional. ¿Qué alternativas se plantean a día de hoy? La compañía está dispuesta a ceder ya la parte de los restos que sí están catalogados e incluso la totalidad de los bienes aparecidos siempre y cuando la administración autonómica así lo acepte. Pese a que la construcción de la línea de alta velocidad fue impulsada por el Estado, la coordinación posterior de la intervención arqueológica recayó sobre la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta y el destino definitivo de los materiales no puede ser otro que el Museo de Pontevedra, propiedad de la Diputación. “El receptor solo puede ser el museo provincial”, advierte la científica. Es decir, el Concello de Lalín, en caso de estar interesado en disponer de los bienes para su exhibición en algún espacio municipal, debería dirigirse a la institución presidida por Carmela Silva. “No podemos dejar nuestros trabajos, que son los que nos dan de comer, porque vivimos de esto, para dedicarle todo el tiempo a la catalogación de los restos que faltan todavía”, arguye.
Pero el quid de la cuestión, ahora, es si, como asegura Doa, la demora que acumula la catalogación de los hallazgos se atribuye a que le está costando dinero y tiempo, cabría la posibilidad de que apareciese financiación para culminar el proceso y que todos los bienes estuviesen perfectamente catalogados y listos para recalar en un museo. Hasta ahora todo apunta que la Xunta no está por la labor al entender que el impacto económico que genera esta labor debió haberse imputado al contrato con la empresa que realizó las obras del TAV.
La fortificación está en el lugar de Vilasoa y tendría una datación temporal de entre los siglos IV e I antes de Cristo. Al estar situado en la traza que se diseñó para el paso del TAV, fue objeto entre los años 2006 y 2008 de trabajos arqueológicos que incluyeron la excavación de la parte meridional del parapeto visible. Entre las 30.000 piezas de cerámica allí recogidas hay unos 300 elementos líticos y abundantes recipientes de uso doméstico. Mientras, la puesta en valor de este castro sigue siendo una tarea pendiente.
