La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) reconoce que las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de blindar el lobo ibérico en España ha caído como “un jarro de agua fría” entre los ganaderos, principalmente los que desarrollan su trabajo al aire libre, en extensivo. La organización a la que pertenece Unións Agrarias trasladará a las administraciones un decálogo de medidas para minimizar los daños que causa el cánido a la ganadería.
UPA reclama un estudio previo sobre el lobo, pues sostiene que desde el último censo (2014) su población ha crecido y se ha extendido. Rechaza homogeneizar el estatus de protección en España porque “su realidad es muy distinta en función de cada territorio” y, por lo tanto, también las necesidades varían. Amén de indemnizaciones por daños, exige apoyos para la implantación de acciones preventivas y racionales ante los ataques de los lobos, por lo que demanda una clasificación de perros guardianes como animales de trabajo y el cambio “urgente” de la legislación para la instalación de pastores eléctricos. También pide que se permita dejar animales muertos en los montes para alimentar a los lobos, controlar su población en sitios con “daños son importantes” y ubicarlos en zonas donde los problemas de los ganaderos sean mínimos.
