El Colegio de Procuradores de Pontevedra advirtió ayer de la necesidad de tomar medidas para evitar un atasco en los juzgados de la provincia. Lo hizo a través de un informe sobre la actividad judicial de los últimos cuatro años, que pone de relieve lo que califican como “un importante atraso” en la actividad de todos los juzgados del área de Pontevedra.

Por este motivo, el decano Gabriel Santos pide a las administraciones la puesta en marcha de “un plan ambicioso”, dotado de recursos materiales y humanos, para recuperar la actividad judicial y garantizar una Justicia “ágil y efectiva” al ciudadano.

Santos explicó que el informe se basa en el análisis de las notificaciones recibidas por los procuradores, un dato que permite hacer una radiografía de la evolución de la actividad judicial y, en el caso de los juzgados y tribunales del área de Pontevedra “revelan un importante atraso” que viene arrastrándose desde la huelga de 2018 y que se ha visto agravado por la crisis de la COVID-19.

Según este análisis, en el primer trimestre de 2018 la actividad cayó un 50% de media en todo el área con respecto al año anterior, con caídas del 70% en algunos órganos jurisdiccionales por la huelga de justicia cuyos efectos se dejaron sentir también en el segundo trimestre de ese año, con una caída media del 25%.

Ese atraso se agravó con la crisis del coronavirus, que en la segunda quincena de marzo paralizó prácticamente la actividad en los juzgados, lo que supuso un descenso del 18% en el primer trimestre de 2020 sobre el año anterior, y del 47% en el segundo trimestre, lo que supuso una caída en promedio del 32,64% durante los primeros seis meses de 2020.

Santos apuntó que el descenso en la actividad judicial causado por la pandemia se ha dejado sentir en todos los partidos judiciales, aunque de forma desigual, ya que el parón sufrido de enero a junio de este año con respecto a 2019 va desde el 10,93% de los juzgados de Lalín o el 20,68% de Cangas al descenso de más del 36% que experimentaron los juzgados de Cambados o Pontevedra.

El decano de los procuradores pontevedreses destacó que “aunque se observa un cierto restablecimiento de la actividad a partir del tercer trimestre”, es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora, como la habilitación de parte del mes de agosto, “han sido insuficientes para resolver ese gran atasco acumulado”, que Santos cifra en el equivalente a “un año de atraso” sólo desde 2017.

Malo para todos

Santos apuntó que la paralización de los procesos judiciales “es mala para las partes, mala para los profesionales y mala para la sociedad en su conjunto”, y urgió la creación de un “plan de recuperación de la actividad judicial ambicioso, con más recursos materiales y humanos, para garantizar una Justicia más ágil y eficaz “y por tanto, más útil a la sociedad y al ciudadano”, un fin para el que Santos ofreció a las administraciones “toda la colaboración de los procuradores de los tribunales de Pontevedra”.

Del análisis de las notificaciones recibidas por los procuradores pontevedreses hasta el pasado 4 de diciembre también se comienza a detectar un posible efecto “rebote” tras el parón de la actividad como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Así por ejemplo, si como consecuencia del confinamiento se redujo la actividad hasta un 32% durante los primeros seis meses del año, en el tercer trimestre de 2020 el número de notificaciones se disparó hasta un 14% con 92.387; es decir, 12.180 más que en el mismo periodo del año anterior.

Las notificaciones en el último trimestre llevan el mismo camino, dado que hasta el pasado 4 de diciembre sumaban ya un total de 54.359, es decir, también un 13,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

Uno de los temores es que todas esas demandas y procedimientos que quedaron “latentes” por el confinamiento afloren ahora y sobrecarguen los juzgados. Desde los sindicatos de los funcionarios de Justicia también reclamaron medidas de refuerzo y lamentaron que estas por ahora solo lleguen a los juzgados de lo Mercantil.