Colectivos culturales instan a la Unesco a actuar frente a la musealización de Toiriz

Las asociaciones Umia Vivo, Irmandade Illa de Tambo, ANovaTerra y A Forneiriña califican de “agresivas” las intervenciones realizadas con “cuantiosos fondos públicos” –la primera fase se adjudicó en mayo de este año a la empresa murciana Patrimonio Inteligente por casi 520.000 euros-–, al tiempo que denuncian su “indefensión ante la negativa de la Xunta y de la Diputación a corregir los proyectos en ejecución”. Además de por el “impacto” de las obras, que incluyen la instalación de bloques de piedra serrada y estructuras metálicas ancladas con zapatas de hormigón a escasa distancia de los yacimientos arqueológicos, estas agrupaciones cuestionan el cumplimiento de la legislación estatal y autonómica en materia de protección del patrimonio cultural. De este modo, advierten de que el proyecto “está firmado por un arquitecto”, en vez de contar con la firma preceptiva de un arqueólogo, tal y como establece el Decreto 199/1997 que regula la actividad arqueológica en Galicia. También alertan del incumplimiento de la normativa al encomendar el control arqueológico de las tres obras simultáneamente a un mismo profesional.

Unas 1.500 personas han firmado ya la campaña creada por Pablo Nogueira González en Change.org demandando la paralización del “atentado arqueológico” en Toiriz, donde “se va a hacer un parque urbano que haría desaparecer el castro”. Desde que entre los años 2002 y 2010 el Colectivo pola Recuperación do Castro de Toiriz pusiera en valor este asentamiento primitivo, “solo necesitaba limpieza” para su mantenimiento, una tarea a la que el Concello de Silleda “no ayudaba”, dice, a la par que tilda de “despropósito” esta intervención. “Nos rompe el corazón que acabe así después de habernos partido el lomo para sacar el castro del olvido”, valoran quienes fueran responsables del extinto colectivo. La Rede do Patrimonio Cultural de Galicia, que agrupa a 107 entidades, también expresa su “preocupación” por el resultado de estos trabajos.

No obstante, la Diputación de Pontevedra insiste en que los tres proyectos cumplen los requisitos y se ajustan a los informes preceptivos de Patrimonio, además del aval de los concellos. Esta valoración es asumida también desde el grupo provincial del BNG, que comparte la “postura institucional” común a las dos formaciones que componen la coalición de gobierno. Este posicionamiento choca con el de la misma formación en el ámbito nacional, cuya diputada Montse Prado anunció iniciativas parlamentarias para intentar paralizar las obras. También el Bloque de Silleda se posicionó en contra de la “aberración” ejecutada en Toiriz, como dijo en pleno su concejala, Tania Cornado, que admitía “la responsabilidad” de sus compañeros en la institución provincial.

Podemos pide al ministerio que “vigile” la obra

Antón Gómez Reino, diputado de Unidas Podemos y portavoz de Galicia en Común en el Congreso, ha registrado una iniciativa para que el Ministerio de Transportes “vigile” las obras que se están llevando a cabo en Toiriz, Alobre y A Subidá e inste a Patrimonio de la Xunta, si es preciso, a sancionar a la empresa adjudicataria. Alude a la “evidente preocupación” de expertos, como la doctora titular de Prehistoria de la USC o diversos colectivos culturales, sobre el desarrollo de los trabajos después de que se hiciesen públicas fotografías del Castro de Toiriz que muestran “daños” y que “no se respetó la idiosincrasia del espacio”. El parlamentario, que quiere saber por qué el proyecto fue firmado por un arquitecto y no por un arqueólogo, pregunta al ministerio si se están cumpliendo las normas y los requisitos marcados por la legislación vigente en cuanto a restauración del patrimonio arqueológico. “Se deben tomar medidas para que la empresa lleve a cabo las actuaciones de restauración sin dañar el patrimonio y respetando nuestra cultura, dignidad e identidad”, declara Gómez Reino.