El alcalde de Lalín, José Crespo, participó ayer en la Comisión de Estudo sobre a Reactivación Económica, Social e Cultural de Galicia pola crise do COVID-19. Durante media hora, el regidor lalinense expuso en el Parlamento los problemas con que se toparon los concellos a la hora de gestionar los efectos de la pandemia, las medidas que impulsaron y los cambios a tomar, ya desde todas las administraciones, de cara a afrontar futuras crisis sanitarias.

Crespo cree que a las pandemias que vengan solo pueden presentarle batallas concellos fuertes y con autonomía financiera. Para ello, es necesario retomar el debate de la reorganización territorial, con la fusión de municipios entre sus temas. “Sería deseable reducir los concellos gallegos a menos de la mitad” y siempre mediante un Pacto de Estado, en vistas de las escasas fusiones voluntarias que se han producido. Dinamarca, Reino Unido y Alemania han reducido ya sus municipios. Francia, añadió el regidor, hizo un amago, con un estudio en el que se calculaba que un concello solvente debería tener al menos 5.000 vecinos. Crespo añadió que años más tarde el corte estaba en los 10.000.

Con concellos fuertes, las diputaciones seguirían funcionando pero quedarían en segundo plano al no tener que ser distribuidoras de los fondos estatales. Además les cederían competencias. El regidor tiró de experiencia y recordó que, si en 2002 promovió un estudio de alcance sobre la fusión de concellos que elevó a Manuel Fraga, en otro que encargó en los años 90 se calculaba que los gastos que tiene la administración provincial impide que llegue a los concellos el 100% de los fondos que les corresponden.

Se trata, en suma, de darles más autonomía a los ayuntamientos, pero también más voz, permitiéndoles incluso tener un papel más activo, en el reparto de los fondos europeos que llegan a Madrid, pudiendo liderar proyectos tractores. Y en cuanto a la participación de los ingresos del Estado, “no podemos funcionar con el 14% de los fondos de este país”, aseveró, en vistas de que cada vez los concellos tienen más competencias, como ocurrió a la hora de encargarse de la desinfección de centros o del reparto de mascarillas entre los escolares.

Desde que empezaron a notarse los efectos económicos de la pandemia, uno de los caballos de batalla entre la administración local y la estatal fue el uso de los remanentes municipales. Finalmente, serán los concellos quien los empleen, pero la normativa les ata de tal forma que Crespo teme que los concellos no puedan convertir todos esos ahorros en medidas para los ciudadanos. Y encima, los concellos manejarán un “porcentaje minúsculo de los fondos de recuperación”. A ellos se suma que en los presupuestos de 2021 del Estado no aparecen el Fondo de Reconstrucción de 5.000 millones de euros del que hablaba la FEMP.

Menos trámites

Los concellos precisan más agilidad, con una ley de contratación distinta a la de la Xunta o la Diputación. Por eso, Crespo demanda que se simplifiquen los trámites en los procesos abierto simplificados, y que se eliminen trámites en los pagos inferiores a 5.000 euros (para que en lugar de un anticipo de caja haya un sistema casi automático de tramite de expedientes). El regidor lalinense demanda también un arbitraje para que, ante una misma situación, los informes que expidan los interventores de distintos concellos no sean también diferentes. Y, desde la FEMP; serían convenientes acuerdos marco para la adhesión de concellos en contratos complejos como los de seguros, energía o administración electrónica.

Abordar el Fondo Galego de Cooperación

Julio Torrado, desde el PSOE, Luis Bará, por parte del Bloque, y José Alberto Pazos Couñago, del PP, dieron la réplica a Crespo. Torrado le recordó que el logro del Centro Integral de Saúde fue gracias a la lucha socialista en el Parlamento y que la Xunta sigue sin cumplir la asunción de gastos de centros educativos, pese al acuerdo logrado a finales de 2019 a través de la Fegamp. Crespo conoce bien esta situación: el Pacto Local, que en su momento fue un modelo para todo el país, marcaba una asunción escalonada por parte de la Xunta de las competencias de los concellos: el combustible, la limpieza, la luz, el personal... pero en realidad solo asumió el combustible. Pazos Couñago recalcó que, con la norma en la mano, es el estado (titular de los centros) el que debe asumir funciones, mientras Crespo pide clarificar estas y otras competencias de las administraciones para evitar duplicidades. También es necesario, en este caso junto a la Xunta, abordar de nuevo el Fondo Galego de Cooperación Loca, que al principio iba a servir para los concellos más pequeños y que al final funciona como “café para todos”. Crespo demanda una discriminación positiva para los concellos pequeños y medianos. Bará, por otra parte, apuntó que las transferencias de la Xunta a entidades locales pasarán de 135 a 127 millones de euros.