Un auto del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra acaba de determinar que no ha lugar a la fijación del plazo de diez meses que pedía el Concello de A Estrada para ejecutar la sentencia 104/18 del citado juzgado favorable a los intereses de los efectivos de la Policía Local confirmada en apelación por la sentencia 396/2019 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y determina que se debe continuar la ejecución solicitada por sus efectivos para “dar estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia citada” en relación con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello de A Estrada, requiriéndose, por tanto, a la administración local a que “lo lleve a efecto en el plazo máximo de dos meses” contado desde la notificación de esta última resolución. El juzgado también le impone las costas del incidente a la administración local, “sin que su cuantía exceda de 100 euros por cada una de las partes”.

Contra esta resolución aun cabe interponer recurso de apelación en el placo de 15 días desde su notificación. De presentarse, tendría que ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG.

La sentencia a la que alude el último auto condenaba al Concello a solventar las “deficiencias” observadas en la RPT. En concreto, señalaba que esta debería “incluir” la “cuantificación de los complementos”, la plaza de jefe de la Policía Local, “corregir la forma de ponderar los valores de los complementos, que ha de ser lineal y no en función de grupo o categoría profesional”, contemplar como “factores a tener en cuenta al valorar el complemento específico, ya sea dentro del Factor Penosidad o del Factor Dedicación, lo relativo a la prestación de las jornadas ordinarias de trabajo a turnos, con noches, sábados, domingos y festivos, con la valoración correspondiente”, corregir valoraciones efectuadas de distintos factores, “completar o precisas las funciones para los concretos puestos de trabajo indicados”, incluir el “catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad” y recabar el informe de Intervención “con carácter previo a la aprobación definitiva de la RPT”.