Durante el presente año y el que viene, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) priorizará sus inspecciones en municipios costeros, así como en los que cuentan con espacios naturales y por los que transcurren las rutas jacobeas. Las dos últimas categorías afectan a los municipios de Deza y Tabeirós-Montes, y con estas medidas quiere poner freno a construcciones fuera de la ordenación y que además deterioran el paisaje.
Aunque no en todos los municipios de las comarcas, en la mayoría ya se han dado casos de derribo, en concreto 12, de construcciones asentadas sobre terrenos rústicos o no urbanizables. La APLU permite hacer una consulta de orden de derribos desde el año 2013, aunque en varios casos la decisión procede de ejercicios anteriores. Comencemos por Deza. La comarca suma, hasta la fecha, siete órdenes de derribo en Vila de Cruces (5), Agolada (1) y Rodeiro (1).
En Vila de Cruces, la APLU ya ordenó en 2010, a través de un denunciante particular, la demolición de una casa en Brandomés levantada sobre suelo no urbanizable. El derribo se cumplió nueve años más tarde. También en 2019 y no por denuncia de un particular, sino por la actuación de oficio de la propia APLU, quedó derruida una casa en Duxame, levantada sobre suelo no urbanizable de régimen normal. En los tres otros casos de viviendas ilegales la APLU no indica de qué parroquia cruceña se trata, pero ordenó dos demoliciones en 2017 y una en 2018. Dos de las construcciones estaban sobre suelo no urbanizable de régimen normal, y la otra, sobre terreno no urbanizable pero con protección de cauces y riberas.
Vila de Cruces, igual que Agolada, solo tiene la aprobación inicial de su Plan Xeral de Ordenación Municipal, así que de momento se rigen por las normas subsidiarias de planeamiento. Y de ahí que la vigilancia de la APLU sea más necesaria en estos casos. En Agolada, hubo un derribo en mayo de 2017 de una vivienda sobre terreno no urbanizable y en Rodeiro, donde sí hay un PXOM desde 2009, también a veces se salta la legalidad. Hubo que retirar dos contenedores metálicos que servían de caseta en una finca calificada como rústica de protección agropecuaria. La reposición de la legalidad tuvo lugar en 2015.
De las dos comarcas es Forcarei el único municipio adherido a la APLU, desde el año 2011. Esto significa que puede delegar en ella competencias para velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas. Pero como vemos, este organismo puede intervenir motu propio por alerta de un particular siempre que detecte alteraciones en el uso de suelos, ya sean de carácter industrial, como el de los contenedores metálicos de Rodeiro, o para uso residencial, como se da en la mayoría de casos de la zona. De hecho, las cuatro edificaciones ilegales en A Estrada corresponden a cuatro casas: una era una pequeña vivienda que se demolió en junio de 2016 por estar levantada sobre suelo rústico de protección de aguas; en 2017 se derribó otra, construida también encima de un terreno rústico pero con protección de infraestructuras; en 2018 y 2019 se derribaron sendas construcciones sobre suelo rústico que solo permite un uso para cultivos.
Completa la lista de construcciones fuera de ordenación la que hubo que demoler en enero de 2019 en Framil, en San Pedro de Parada (Cerdedo-Cotobade). Al igual que en A Estrada, fue la propia APLU quien actuó de oficio para demoler el esqueleto de una vivienda edificado sobre suelo rústico de protección agropecuaria.
Como decíamos, solo uno de los municipios de las comarcas están adheridos a las labores de inspección de la APLU, y los municipios además están en diferentes situaciones urbanísticas en cuanto a planes de ordenación. Es más, la demora de trámites hasta que un concello tiene su PXOM aprobado puede provocar que desde su inicio hasta la entrada en vigor pasen años, sino décadas. De ahí que la Xunta ofrezca a los concellos la posibilidad de un planeamiento urbanístico básico, al que ya mostraron su voluntad de acogerse Dozón o Agolada. Precisamente, serán los municipios con menor volumen de población los que tengan cierta prioridad en el plan 2020-2021 de la APLU. La entidad argumenta que los municipios más pequeños son los que disponen de menor capacidad para realizar labores propias de inspección y velar para que no se levanten construcciones más allá de los núcleos o en terrenos que ni son edificables ni cuentan, con saneamiento, agua o luz.
La jefatura del servicio provincial de la APLU se encargará de elaborar, trimestralmente, la lista de municipios que hay que inspeccionar. También tendrán prioridad las investigaciones sobre obras que estén en curso así como las construcciones ya acabadas pero cuyo plazo de caducidad de reacción esté próximo a vencer. A la hora de la reposición de la legalidad (es decir, para demoler la construcción ilegal) la persona afectada puede solicitar una ampliación del plazo, que nunca será de más de seis meses desde a resolución de la ampliación o, de un año desde que fecha en que la resolución que ordena la demolición se ejecutiva.
