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Los alcaldes claman contra el Gobierno por las condiciones sobre el destino de los remanentes

Censuran que el Estado pueda intervenir los ahorros para luego reintegrarles el dinero en plazos E Consideran que es un ataque a la autonomía municipal - Los concellos tienen en sus arcas unos 15 millones de euros

Vista de la alameda de A Estrada, financiada con fondos europeos de la Edusi. // Bernabé/Cris M.V

Meses llevan los ayuntamientos con la mosca detrás de la oreja ante la posibilidad de que el Estado intervenga sus ahorros para reducir el déficit público. Los alcaldes ya habían mostrado su frontal oposición a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -conocida como la ley Montoro- porque suponía un claro ataque a la autonomía de los municipios, que precisamente no son los responsables del déficit, sino que el desajuste debe imputarse a las comunidades autónomas y al Estado. Ahora, sobre todo a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia sanitaria, el Gobierno central recientemente -después de un tiempo sin concretar una hoja de ruta definida- daba luz verde a las administraciones locales para gastar sus ahorros, pero con condiciones. Así, los concellos dispondrán de estos fondos entre este año y 2022, pero para no incurrir en déficit, prestarán el dinero al Gobierno, que luego se lo devolverá en forma de ingresos no financieros.

Los alcaldes de Deza y Tabeirós-Montes, con los que contactó esta Redacción, coinciden en que la medida no solo no los satisface, sino que representa una nueva afrenta a la administración local; es decir, como si los concellos tuviesen que estar sometidos a la tulela de entidades públicas superiores. Los nueve ayuntamientos de las comarcas tienen actualmente algo más de 15 millones de euros en caja en remanentes; es decir, en ahorros.

El gobierno lalinense inició el actual mandato con 6,7 millones en remanentes y en la actualidad la cifra ronda los 6. Durante este tiempo se detrajeron fondos para obras del plan europeo DUSI y para programas de apoyo económico a empresas por la crisis sanitaria El alcalde, José Crespo, se pronuncia con rotundidad contra la propuesta del Gobierno a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). "Es un auténtico despropósito que atenta contra los principios de autonomía local y suficiencia financiera", dice, y añade:"No vamos a consentir que el Gobierno se apropie de la totalidad de los remanentes, que son fruto de los ahorros de los últimos años producidos con los impuestos de los vecinos". Para el veterano munícipe del PP, sobre los concellos debe reaer la responsabilidad de decidir el destino de este dinero porque son los que mejor conocen las necesidades de sus habitantes. Recuerda la aprobación, por unanimidad, el 17 de abril, de una iniciativa plenaria en este sentido. Ahora, el gobierno local acaba de anunciar otra moción en los mismos términos: el arbitrio de medidas para flexibilizar los requisitos de le ley de estabilidad financiera.

El mandatario silledense, el socialista Manuel Cuíña, habla de "injusticia" y pide que los ayuntamientos tengan las manos libres para decidir el destino de los remanentes. El Concello trasdezano disponía de unos 800.000 euros en ahorros, de los que 300.000 habilitó para medidas de apoyo económico a los sectores productivos para aminorar los efectos de la crisis. Cuíña lamenta que con esta norma se esté premiando a aquellos que, en vez de realizar una gestión responsable, "gastaron de más". En su caso, dice, esta bolsa de dinero se dejó para proyectos como podría ser la nueva casa consistorial. Recuerda que las administraciones locales padecieron la ley Montoro y sus cambios de dirección, primero obligando a destinar remanentes a amortización de deuda y luego abriendo la mano con posibilidad de acometer inversiones en proyectos financieramente sostenibles.

"Lo que no puede ser es que hiciésemos una buena gestión para tener maíz en el hórreo para, por ejemplo, afrontar con garantías situaciones derivadas de la pandemia y que vengan a incautarnos los ahorros de los vecinos"`, apunta el primer edil de Rodeiro, Luis López. "Primero nos impedían gastar el dinero y ahora nos lo roban. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es ampliar las posibilidades de utilización de los remanentes y dejar a los concellos que los gestionen, porque son de los vecinos. ¿Dónde está la autonomía local?", aduce, a la par que apunta a que estos recursos puedan dedicarse a planes de índole social. Los remanentes de este concello alcanzan los 1,4 millones.

En A Estrada la propuesta del Gobierno se encaja con preocupación y un posicionamiento "radicalmente en contra". El jefe del ejecutivo local, José López Campos, no dudó en resumir, utilizando un solo término, su valoración al respecto: "expropiación". "Pasamos de estar intervenidos a estar expropiados", manifestó el primer edil estradense.

López Campos subrayó que el decreto de la regla de gasto termina suponiendo una atadura para las entidades locales. "Nos asfixian a los concellos", remarca el mandatario, para seguidamente defender que es "injusticable" que el Estado se plantee siquiera echar mano de los ahorros municipales para capear el temporal. En su argumentación, López se planteó incluso que la medida sea constitucional y quiso poner el acento en que todo ese dinero es, al fin y al cabo, recursos generados "por los propios vecinos" y muchas veces a consta de la limitación de servicios.

"Es una auténtica barbaridad", continuó José López Campos, sin ocultar en ningún momento su impresión sobre la propuesta planteada por el Gobierno. Avanzó que si la FEMP y la Fegamp "se ponen de perfil en este tema" tendrán que ser los ayuntamientos los que se pongan de frente contra la medida. "Es una locura y, por encima, con una financiación ineficiente en los concellos y, a parte en un escenario de caída de recursos terrible a corto plazo", quiso subrayar también el máximo mandatario estradense. Continuó remarcando la "asfixia absoluta" que padecen la administración local y planteó que, o se establece un marco "y se toman más en serio la financiación local, o entiendo que la oposición será total", dijo, servicios y menos recursos. Es una asfixia absoluta. O establecen un marco y se toman más en serio la financiación local o entiendo que la oposición será total", dijo.

En el caso de A Estrada, el último dato conocido es el que arroja la liquidación del ejercicio 2019. Con superávit positivo de 292.120 euros y 2,1 millones de remanentes de Tesorería, el Concello vio descuadrada su regla de gasto mientras espera recibir subvenciones que tuvo que anticipar la administración local para la ejecución de múltiples proyectos. Parte de estos remanentes se destinarán a paliar los efectos de la crisis del Covid.

En cuanto a Cerdedo-Cotobade, el municipio totaliza 1.017.820 euros al cierre de 2019. La cifra de Forcarei, que cerró también el año pasado con superávit arroja unos remanentes para gastos generales cifrados en 1.586.424,06 euros.

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