El 11 de julio termina el plazo para reclamar por vía judicial el dinero que no pagaron a los ganaderos la decena de industrias que forma parte del conocido "cártel lácteo", por pactar precios y pasarse información de granjas entre los años 2000 y 2013. El Hotel Torre do Deza acoge por este motivo una charla el miércoles, día 1, a las 11.00 horas, con el abogado Fernando Campos. Además, resolverá dudas a lo largo de toda la mañana y recogerán firmas para el encargo de la reclamación.
-La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a este cártel hace casi un año, el 11 de julio de 2019, y de ahí la necesidad de interrumpir la prescripción de la multa. ¿Cómo está ahora mismo el proceso judicial?
-En su fase inicial, pues está recurrida en la Audiencia Nacional la sanción a estas industrias, y varias pidieron medidas cautelares, que sí fueron concedidas, para afianzar la multa a través de avales bancarios. La multa es de 80,2 millones de euros en total, y va en proporción a la cuota de mercado de cada industria. Eso sí, las empresas tienen una responsabilidad solidaria, de modo que si una de las empresas es condenada a pagar, puede exigirle ese abono también al resto del cártel.
-¿Cómo va a ser el proceso de las demandas de ganaderos?
-Serán demandas individuales por el perjuicio causado, cada una con su informe pericial. Lo que se adeuda a cada granja varía, porque las explotaciones cobran uno u otro precio en base a primas como la grasa, la proteína... Mediante un gabinete pericial, pudimos calcular que una explotación gallega dejó de cobrar unos 4,28 céntimos por cada litro, es decir, unos 200.000 euros en ese periodo entre los años 2000 y 2013. Usaremos la tipología de demandas test, de modo que tienen cabida tanto las explotaciones que le vendieron siempre a una de esas industrias del cártel, como explotaciones que estuvieron un tiempo con una industria y después contrataron a otra. Nosotros entendemos que todo productor de leche, incluso ya jubilado, tiene derecho a reclamar por este dinero que no cobró, debido al 'efecto paraguas', porque seguro que ganaderos que no estaban con estas industrias del cártel también vendían a pérdidas. Tienen cabida también, como ocurre en Deza, ganaderos que vendían a queserías o a fábricas de yogures. Sabemos que los procesos van a ser largos, de entre ocho y diez años, porque habrá recursos ante la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo o el Tribunal Europeo. Nosotros no vamos a demandar al cártel lácteo en su conjunto, sino a las que más recursos tienen, por la responsabilidad solidaria.
-Las charlas para formular demandas se vieron interrumpidas por la crisis sanitaria. ¿Cuántas explotaciones van a reclamar a través de sus servicios jurídicos?
-Tenemos ya en torno a un millar. , con más de 200 en Santa Comba, donde yo tengo mi despacho, un centenar en San Sadurniño o más de 300 en Lugo, donde confió en nosotros Agromuralla. Hay que apuntar que recibimos muchas llamadas de ganaderos interesados de la comarca dezana. Tengo que apuntar que nosotros solo cobramos [el 30%] si ganamos y recuperamos ese dinero que se les debe a las explotaciones. El ganadero no tiene que pagar nada por adelantado, ni abonar la reclamación ni los abogados en caso de que pierda. Sé que las grandes explotaciones van a reclamar, en su mayoría, y que las pequeñas tienen miedo a represalias. Por eso, incluimos asesoramiento para cualquier cuestión que se les plantee a partir de ahora.
-¿Qué documentación pueden aportar?
-Pueden remitirnos las facturas de ese periodo, y el resto puede pedirse a través del FEGA para completar la prueba pericial. Lo bueno es que si una granja no tiene toda la documentación, siempre puede completarse con la de una granja vecina, ya que suele entrar dentro de la misma ruta.
-¿El cártel lácteo siguió con las mismas prácticas después de 2013, y una vez que expiró la cuota láctea? ¿Pasó lo mismo en otros países?
-Si la CNMC abre o amplía el expediente a años anteriores, ampliaríamos la reclamación, porque los ganaderos consideran que estas prácticas continuaron, y continúan, más allá de 2013. En cuanto a estas prácticas en otros países, no tenemos constancia de que se declarase que hubo un cártel lácteo. Aquí, si la reducción del precio en España fue de un 10%, en Galicia llegó al 12,5%, pese a ser una potencia a nivel mundial tanto en producción lechera como en producción genética. Me alegraría que estas demandas sirviesen para recuperar no solo el dinero, sino también el respeto por Galicia.
