La mayoría absoluta del gobierno socialista de Silleda le permitió ayer aprobar en solitario los pliegos para la licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La prestación sale a concurso por un presupuesto base de 665.558 euros, y un valor del contrato de 1.529.635. El contrato será de un año, prorrogable por otro.

Durante el pleno que tuvo lugar en la Casa da Cultura para garantizar las distancias de seguridad el alcalde, Manuel Cuiña, indicó que en estos dos años es posible que aumenten las horas de prestación hasta un 20%. Ahora mismo, el SAF cubre 44.496 horas ordinarias y 2.473 en domingos y festivos. El precio de la hora ordinaria estará en 14,7 euros y la extraordinaria, en 17.

Desde el PP (que propuso guardar un minuto de silencio al inicio de la sesión en recuerdo de las víctimas de coronavirus), su portavoz Ignacio Maril, incidió en la incapacidad que arrastra el Concello para poder celebrar plenos telemáticos para pasar a criticar cuestiones como el paso a un ERTE de parte de la plantilla de la concesionaria actual, Saluvi, mientras hay usuarios que demandaban más horas y no podían acceder a ellas. El regidor le explicó que todos los usuarios que rechazaron el servicio lo hicieron de forma voluntaria, y se ofreció a llamar uno por uno si el PP le facilitaba un listado. Aclaró que se firmó un nuevo contrato para cubrir las horas que demandaron durante estos meses de confinamiento nuevos usuarios.

El PP se abstuvo a la hora de votar los pliegos, mientras que el BNG se postuló en contra. Su portavoz, Tania Cornado, traía a pleno una moción sobre el SAF, que posteriormente solo se votó para no volver a repetir el debate. La concejala quiso felicitar a la edil de Benestar Social, Ángela Troitiño, por su trabajo, pero poco después cuestionó la necesidad de privatizarlo, apuntando que lo ideal sería que fuese un servicio municipal coordinado por la propia edil. Cornado fue más allá y llegó a la conclusión de que privatizar el SAF "es violencia machista institucional", puesto que no se privatizaban, según ella, otros servicios como los de Obras. Tanto Cornado como Maril criticaron cuestiones que recogen los pliego como que los uniformes luzcan el logo de la Diputación.

Tampoco hubo unanimidad a la hora de aprobar un expediente de modificación de crédito para abonar los 118.224 euros que reclama una sentencia para Indeza, por intereses por obras que realizó en la Avenida do Parque en los años 90. El PP apoyó la modificación, y el BNG se abstuvo. Cuiña aprovechó para hacer memoria uy recordar que durante el gobierno que surgió tras la moción de censura no se cumplió el calendario de pagos acordado con la empresa, u de ahí la subida de los intereses. El propio regidor tuvo que pagar una multa personal, de su bolsillo, de 600 euros por una obra que se debía casi 30 años atrás por parte de un gobierno del PP.

El regidor decidió retirar del orden del día la modificación de las bases del presupuesto, que permitiría habilitar una aportación de 8.000 euros para la Fundación María Seoane, vinculada al colegio María Inmaculada. El centro concertado está pasando dificultades para mantener su escuela infantil, y tiempo atrás ya tenía problemas para seguir con el módulo de bachillerato. De poco sirvió que Cuiña insistiese en que el centro trabajan 30 personas, o que presta además un servicio de conciliación. Los dos partidos de la oposición presentaron sus dudas la legalidad de la propuesta, igual que el interventor. Un informe jurídico indica que el Concello no tiene competencias, aunque sea patrono. Tampoco las tiene ya en cuanto al mantenimiento del centro de salud de Silleda, y sin embargo en estos tiempos de crisis sanitaria "y por responsabilidad" se encargó de desinfectar y limpiar el inmueble, así como de colocar mamparas y otras medidas de protección para personal y usuarios.