Las tres fuerzas de la oposición de Lalín anuncian su respaldo a las medidas económicas avanzadas por el gobierno orientadas a la reactivación de la economía tras el momento de crisis que se avecina, pero las considera insuficientes. Tanto Compromiso como PSOE y BNG muestran posturas coincidentes y también en su apoyo total al ejecutivo de José Crespo ante un escenario inédito provocado por la pandemia.

Rafael Cuíña (Compromiso) entiende que además de la exención de tasas por servicios interrumpidos o bonificaciones tributarias habría que pensar, siempre dentro del marco legal, si es posible condonar los principales impuestos municipales este año. "Dejamos un concello sin deuda y con 8 millones en caja, así que el impacto en las arcas públicas sería asumible", dice. Además de garantizar "lealtad" al gobierno y no poner en duda que ya esté confeccionando un paquete de medidas, entiende que es tiempo de pensar en el futuro inmediato con determinación. Considera presdindibles las grandes obras o incluso que se pospongan mejoras en pistas y que los recursos municipales se vuelquen en favorecer las economías familiares. Y pide la creación de una Mesa de Comercio con representación de partidos políticos y sectores afectados. Incluso propone una reformulación del plan DUSI. Lo único irrenunciable, dice, es la exigencia a la Xunta del Centro Integral de Saúde (CIS), para cuyo proyecto de urbanización el ayuntamiento debe destinar unos 400.000 euros.

"Son acciones comunes a las que están haciendo la mayoría de los concellos y normales ante un escenario como el actual". Así analiza el grupo socialista la suspensión de tasas o posibles bonificaciones. No obstante, ve insuficientes estas medidas y anuncia un paquete de medidas propias que tratará de consensuar con el ejecutivo. "Tenemos un concello solvente gracias a la buena gestión económica del ejecutivo anterior y eso permite realizar un esfuerzo máximo, una inyección en vena de recursos económicos a negocios y familias con el objetivo de salvar el 100 % de la vida económica y social". El PSOE se pone a disposición del gobierno y de los vecinos, "porque la unión hace la fuerza".

Lo que no comparte es la propuesta de Crespo de realizar un censo de contagiados aunque sea de uso confidencial. "Es una idea peregrina, ilegal y anticonstitucional. Ninguna normativa faculta a un concello para tratar datos médicos de un ciudadano y, por tanto, es inviable", afirma.

Desde el BNG, su portavoz, Francisco Vilariño, opina que la administración local debe maniobrar a corto, medio y largo plazo. Para el nacionalista, toda iniciativa realmente ambiciosa para por una revisión de las ordenanzas fiscales municipales, algo que habría, dice, que afrontar cuanto antes para que las bonificaciones o exenciones llegasen para 2021. Recuerda que en la situación actual hay que tirar de modificaciones de crédito pues en casos ni habría partidas consignadas para iniciativas susceptibles de ser puestas en marcha. También cree clave la creación de una mesa de trabajo desde donde se gestionen unos esfuerzos económicos sin precedentes, sin perder de vista que esta implicación también debe partir de Xunta y Estado. Para Vilariño es crucial la derogación de la conocida como Ley Montoro y que los ayuntamientos puedan quitarse un corsé que les impide, por ejemplo en el caso de Lalín, poder gastar los 8 millones que el anterior gobierno local dejó en caja o que ni se conozca actualmente la liquidación de 2019, que clarificaría a cuánto asciende el superávit. "Los presupuestos de los concellos saltaron por los aires, no valen para nada y también creo que habría que pensar en aparcar proyectos del actual y del anterior gobierno y actuar en base a una prioridad: un plan de choque de reactivación de la economía". El BNG también se pone a disposición del gobierno local.

Por otro lado, Ciudadanos valora la suspensión temporal de la tasa de terrazas, pero reclama más medidas. Entre otras, bonificaciones en el impuesto de vehículos para en los casos de uso profesional, ayudas para empresarios, autónomos y comerciantes para las rentas por alquiler de locales o descuentos en la contribución. La fuerza "extramunicipal", que tiene a Alberto Senande como portavoz, también garantiza colaboración institucional.