Poner solución a problemas de calado requiere altura de miras y que en una cámara de representación como la local las fuerzas políticas dejen las siglas guardadas en sus sedes. Pero esto no está aconteciendo en Lalín con la problemática del jabalí y en el pleno de ayer se escenificó, de nuevo, que cada partido entiende que la responsabilidad de poner coto a la proliferación de esta especie salvaje está en administraciones regidas por rivales políticos.

Hace un mes el socialista Román Santalla presentó una iniciativa que otro ganadero de profesión como es el edil de Agricultura, Avelino Souto, trató casi de desmontar punto por punto. Ayer le tocó al joven edil popular defender una moción que el alcalde, José Crespo, dijo había sido tomada como modelo por el PP gallego para presentar ante el Gobierno Central. Todas las fuerzas coinciden en que conviene actuar contra el jabalí, porque además de los daños que ocasiona a los cultivos, la amenaza de la Peste Porcina Africana (PPA) podría llegar a la península y ello acarrearía unas consecuencias desastrosas para el sector. Souto razonó que la declaración de plaga es clave para luego poder articular otras medidas y consideró fundamental la elaboración de un censo y un plan de gestión de la especie, que la Xunta agilizase la concesión de batidas y que hubiese dinero para pagar los daños a los agricultores. También cree necesaria la construcción de un muro en los Pirineos como medida disuasoria, algo que, dijo, también hicieron otros países como Alemania.

Por representación, el primero que replicó a Souto fue el nacionalista Francisco Vilariño, quien pidió al miembro del gobierno un poco más de rigor, una vez que las medidas que plantea deben ir dirigidas a la administración con competencias en la materia: la autonómica. "Piden algo que la Xunta pudo hacer como es el plan de gestión, porque para decir que existe una plaga, ¿se basará en criterios científicos?, pero datos oficiales no existen", añadió.

Santalla, que comenzó citando una transacional que luego no concretó, hizo varias puntualizaciones. A su juicio el punto de partida, además de otras medidas como el plan de gestión o un censo, debe pasar porque la Xunta pague los daños en los cultivos. En este sentido dijo que el gobierno bipartito, en 2005, habilitó ayudas por hasta 3 millones de euros y cuando llegó el PP al gobierno "las quitó", hasta que luego destinó 800.000 euros que no están llegando a los afectados. Cuestionó la declaración de plaga en los términos descritos por Souto y dijo que la reunión convocada en julio por Crespo con sindicatos, cooperativas y representantes de la consellería no había valido para mucho, pues las cuatro solicitudes de batidas pedidas por la sociedad de caza -entre el 11 de julio y el 16 de agosto- ni siquiera tuvieron contestación. Santalla reiteró que la competencia recae en las comunidades autónomas y puso a Aragón y Extremadura como ejemplos en la gestión de este problema.

En su réplica, Souto reprochó al socialista que compatibilizase su puesto como edil con el de presidente de una cooperativa agraria y mantuvo que debe ser el Estado el que actúe como coordinador ante las autonomías, pero Santalla avanzó que en un mes el Gobierno Central convocará a una reunión a las comunidades autónomas en cuyo encuentro todas deben presentar los planes de gestión del jabalí. "Espero que la Xunta lo tenga", advirtió.

Desde Compromiso, Rafael Cuíña echó en falta una mayor unidad y pidió que no se utilizase la problemática del jabalí como arma política. "¿Qué dirá la gente cuando nos vea debatiendo sobre algo en lo que un concello no tiene competencias?", reflexionó. Tras un debate sobre si la instalación de vallas en los Pirineos era una ocurrencia o una medida eficaz, Crespo le recordó a Santalla que lo que ahora prácticamente negaba, lo había advertido en 2013 cuando habló de plaga tras unos daños del cerdo bravo en Silleda. El PP aprobó la moción con el voto contrario del BNG y la abstención de Compromiso y PSOE.

Camino de Santiago

En otro orden de cosas, la corporación aprobó los 23.232 euros de la mitad del presupuesto de un proyecto impulsado por el anterior gobierno local para la dinamización de las rutas jacobeas a su paso por el municipio. A Vilariño no le gustó que, en la exposición, el gobierno, dijese que el proyecto se hace en colaboración con la consellería de "Román Rodríguez" y señaló que la Xunta le dio el visto bueno porque estaba muy bien trabajado y dijo que el político lalinense no destinó más dinero a Lalín del que "estaba obligado". "Eso es mentira, ¿qué proyecto singular presentaron y le negó", replicó Crespo en un pleno que los exediles Lara Rodríguez Peña y José Manuel Fernández siguieron desde la bancada del público.