El brote de listerioris en varias provincias de Andalucía (ayer había 196 casos confirmados) volvió a poner de relieve la importancia de las organizaciones de consumidores. Si la mediación de Facua con Magrudis, la empresa responsable de la intoxicación para que indemnice a los afectados no llega a buen puerto, éstos pueden interponer una demanda en el juzgado, o una reclamación o bien en los lugares donde consumieron esa carne o bien ante la Dirección General de Consumo.
Por el momento, ningún vecino dezano está afectado por esta contaminación, y es casi improbable que se dé algún caso. Pero las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) que funcionan en Deza suelen servir para encarrilar ante el Instituto Galego de Consumo cuestiones relacionadas con sobrecargos en las facturas de telefonía móvil o de energía eléctrica, así como descontentos tras la reparación de un vehículo en el taller y, en menor medida, problemas con la cobertura de seguros.
En 2013, mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local, se eliminó como competencia local "la defensa de los usuarios y consumidores", que pasó a ser autonómica. Sin embargo, no impide que los concellos soliciten que se les delegue esa competencia si no pone en entredicho su sostenibilidad financiera. La norma provocó que la oficina dejase de funcionar en Lalín. Desde el Concello, cuando llega algún vecino para presentar una reclamación, se le asesora pero se le indica que para la tramitación debe acudir a la oficina de la Xunta en la rúa Arenal, desde donde puede remitir la documentación. En la cabecera dezana, además de las cuestiones mencionadas como principales quejas de los ciudadanos, fuentes municipales también apuntan que son mínimas las quejas contra el comercio local.
En Silleda, como en Agolada, sí hay OMIC. A la espera del cómputo de finales de año, en 2018 el servicio trasdezano tramitó de forma directa 11 quejas individuales y otras dos de colectivos, en las que tuvo que actuar el propio alcalde, Manuel Cuíña, para ayudar a resolver las demandas, ambas relacionadas con la cobertura de telefonía. Desde Chapa, diez personas (9 de ellas, vecinos de la parroquia) alertaban de los problemas de sustitución de teléfono de cable por el de señal con satélite, ya que a veces sufrían cortes o interferencias en las llamadas. En Manduas, sin embargo, el problema de la línea radicaba en el mal estado del tendido por el paso del tiempo. En ambas situaciones, personal de la OMIC resalta la buena disposición de Telefónica (con la que contactó el propio alcalde) para solventar cada una de las situaciones particulares de los dos colectivos.
En cuanto a las reclamaciones particulares, la OMIC recomienda que antes de elevar la queja, intente llegarse a un acuerdo con la empresa que la motiva. Es el mismo paso que da el Servicio de Recepción de Reclamacións de Consumo de Agolada, que coordina Inmaculada Galego. En lo que va de año, esta colaboradora del Servizo Galego de Consumo ha tramitado cuatro reclamaciones, aunque las consultas, como en el resto de municipios, son muchas más. Ayer mismo remitía al Instituto Galego de Consumo una sobre desajustes entre la factura eléctrica y el consumo de un contador. "Muchas de las reclamaciones se solucionan sin ser enviadas a la Xunta. Contacto con la empresa para conocer su versión de los hechos y, si el demandante insiste en presentar la reclamación, la enviamos a Santiago", explica Galego.
