La corporación silledense aprobó esta mañana, con la abstención del PP, el listado de los 164 beneficiarios de la bonificación del 95% del recibo de IBI que deben abonar las explotaciones agrarias por la legalización de construcciones, tras la regularización catastral. A este listado se suman otras 51 solicitudes, que obtendrán una deducción del 50% porque la explotación ganadera tiene adosados inmuebles de uso residencial. Son, en total, 215 expedientes, al margen de los 14 que no cumplían los requisitos de la ordenanza.

Tal y como anunció días atrás, el gobierno elevó a pleno una modificación de crédito de 15.000 euros para patrocinar al joven piloto de karts Christian Costoya en varias competiciones. El pasado fin de semana, el niño (tiene ocho años) ganó las dos carreras en las que compitió en Oropesa del Mar. La edil de Deportes, Ana Luisa González Costa, explicó que el joven tendrá un gasto de unos 44.000 euros para correr en las Winter Series España, el Nacional de Karting CEK, las series Rotax de España y Portugal y, si se clasifica, en el Mundial en Nápoles.

La propuesta salió aprobada por unanimidad, igual que el suplemento de crédito de 17.819 euros para cancelar un crédito. Manuel Cuíña recordó que en 2012 hubo que solicitar dos créditos extraordinarios para pagar deuda, y uno más de casi 40.000 euros. Con este remanente de 2018 el gobierno puede cancelar el segundo crédito extraordinario, y en cuanto despache el que queda, dejará de estar sometido a control por el plan de ajuste.

El hábito del PP de tocar temas recurrentes pleno tras pleno motivó que Cuíña le recriminase su silencio por un vertido de residuos junto al centro de recursos de Medelo. Maril aclaró que los residuos (en los que según él no aparecen hierros) proceden de una vivienda de una mujer retornada de Venezuela que lleva tres meses esperando ayuda de los Servicios Sociales. Los vecinos le ayudaron a limpiar la vivienda y al ver que el Concello no vaciaba los contenedores, volvieron a meter buena parte de los residuos en la casa, y otros ya estaban a la espera de una furgoneta para llevarlos al punto limpio. Maril asegura que en Servicios Sociales le afirmaron a la mujer que debía residir un mínimo de seis meses para iniciar trámites.