El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín ha finalizado la investigación de la conocida como Operación Qatedra, relacionada con un presunto fraude de subvenciones destinadas a cursos de formación. La magistrada ha acordado que la causa se siga contra los dos hermanos responsables de una consultoría (José Antonio y Carlos L.A.) y la mujer de uno de ellos (Sira C.N.) por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de un delito de falsedad documental continuada en documentos oficiales y pertenencia a grupo criminal. La instructora ha acordado en el auto notificado hoy el sobreseimiento de la causa respecto a los otros 51 investigados. Entre ellos figuraba el alcalde de Dozón, Adolfo Campos Panadeiros, y su hijo y también edil, Adolfo Campos Vázquez.

La jueza indica que hay indicios de que los dos hermanos "idearon un sistema para la obtención de subvenciones de la Administración autonómica". Para ello, supuestamente convencían a empresas para que solicitasen ayudas para la formación de sus empleados. La consultoría que dirigían los dos investigados y en la que la mujer de uno de ellos participaba "de forma activa" aportaba, según señala la instructora, "toda la infraestructura necesaria, incluida la financiera, para realizar la tramitación administrativa".

En cuanto al sobreseimiento, la instructora señala en el auto que respecto a trece personas no resultan "debidamente acreditados" los indicios de haberse perpetrado el delito debido a todos los expedientes que no están incluidos en la relación de hechos. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín también ha decretado el sobreseimiento por prescripción de la responsabilidad criminal sobre los expedientes promovidos por un sindicato contra dos personas. Respecto a tres de las investigadas, la magistrada argumenta en el auto que no ha quedado acreditado que tuvieran "poder de disposición sobre los hechos objetos de investigación" y, además, subraya que los hechos están prescritos en relación a ellas. La jueza, respecto a otros once sospechosos, señala que en algunos casos "no fueron ni profesores de los cursos" y además, en algunos casos, la causa estaría prescrita contra ellos.

En relación a los veintidós empresarios investigados, la jueza sostiene que ha sido imposible determinar quién dentro de esas compañías tenía el control del curso. Además, destaca que "en la mayor parte de los casos" los hechos están prescritos. Contra el auto cabe presentar recurso. En cuanto sea firme, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.