La corporación municipal lalinense rechazó la solicitud de la empresa gestora del Servizo de Ayuda no Fogar (SAF), que planteó al Concello la resolución del acuerdo alegando pérdidas debido a la aplicación de las cuantías del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a su plantilla. La oposición respaldó la iniciativa del ejecutivo defendida por el concejal de Benestar Social, Nicolás González Casares, que estaba apoyada, dijo, en un informe del asesor jurídico municipal.

El también teniente de alcalde explicó que la firma Galáurea comunicó al ayuntamiento que con el contrato en vigor en la mano y las alzas salariales previstas no le daban las cuentas y conminó al gobierno local a resolver el acuerdo bilateral. Pero las conclusiones del asesor jurídico, aseguró, determinan que "la resolución del contrato no procede" y advierte de que la subida salarial debería justificarse. Casares admitió que el precio acordado con la compañía era bastante bajo, pero eso en ningún caso podía suponer la suspensión de un servicio que Galáurea tiene que preservar y, dijo, además se está haciendo con normalidad pese a esta casuística.

También anunció la posibilidad de que, como el contrato expira en septiembre, la nueva licitación se saque por dos años con posibilidad de extender una prórroga a otros dos y aseguró que ya se está avanzando en la redacción de los pliegos del nuevo concurso para que la corporación que salga de las urnas, en mayo, tenga el trabajo avanzado. Sí advirtió de que la nueva licitación será mucho más ambiciosa desde el punto de vista económico y la administración local deberá reservar en torno a 800.000 euros para la ayuda a domicilio, frente a los 620.000 actuales.

La edil del PP Paz Pérez pidió una aclaración acerca de este asunto porque, dijo, la resolución del contrato es independiente de la negativa a acceder a las pretensiones de la empresa. Y avanzó el voto favorable de su grupo, precisamente en base al informe jurídico, pero recriminó a Casares que él mismo admitiese que el precio aprobado y en vigor había sido bastante escaso. También dijo que en este apoyo tenía mucho que ver el respeto por la asistencia que reciben los usuarios y el trabajo que desempeñan los trabajadores de la empresa. "Este apoyo no será un cheque en blanco y vamos a realizar muchos seguimientos para que no se rebaje la calidad asistencial", dijo, antes de que los 21 ediles de la corporación votasen de manera afirmativa.

En los momentos de tanteo de la sesión se volvió a repetir una tónica que se sucede desde hace mucho tiempo: el gobierno presenta expedientes de suplemento de crédito y el PP advierte de que no es favorable a respaldar prácticas de sacar adelante facturas con reparos de Intervención. Aunque también, como es habitual en asuntos económicos, llevó este debate el edil José Antonio Rodríguez; su portavoz, José Crespo, abrió su primera intervención recriminando al gobierno que estas circunstancias se debían al hecho de no disponer de un presupuesto en vigor y llevar dos ejercicios trabajando con una cuenta prorrogada. En primer lugar se aprobó por unanimidad ampliar hasta los 18.000 euros la subvención a Cabaleiros de Lalín para la organización de la Feira do Cabalo y 20.000 euros a la organización del Rali do Cocido. Y ampliar hasta los 20.903 euros la suma en el proyecto del campo de fútbol de Vilatuxe, iniciativa criticada por el edil no adscrito, Juan José Cruz, no por necesaria pero sí por entender que había otras prioridades en la parroquia. Lo que no pudo aprobar el cuatripartito fue la totalidad de facturas por 120.000 euros al frenar la oposición las de mayor cuantía y darle su visto bueno solo a diez, con cuantías que oscilaban entre los 23 y los 565 euros. "Votan a favor de las de empresas de aquí y las grandes que vayan al juzgado, ¿no?", sentenció la concejala de Facenda, Teresa Varela.