El silledense Fernando Iglesias Espiño -supuesta víctima de un crimen a los 63 años en agosto pasado- asesinó a su mujer y a sus dos hijos en Gran Canaria en 1996 y, tras la muerte de su madre en 2012, los únicos familiares próximos que le quedaban eran una prima y un medio hermano. La Guardia Civil cotejó una muestra genética de este último con un hueso y un diente del cadáver de Espiño, desenterrado en diciembre en una finca de Piñor a la que presuntamente lo trasladaron -tras matarlo de un golpe en la cabeza en una granja de Maside- los dos investigados por el crimen, Francisco Javier G. H. y Óscar G. L., que compartían planes durante los permisos tras conocerlo en la prisión de Pereiro de Aguiar. La defensa de Francisco pide su puesta en libertad a la Audiencia Provincial de Ourense, en un recurso en el que esgrime que la identificación del fallecido no está clara del todo. Alude a un informe biológico que expone que el perfil genético no encaja con el del medio hermano por parte de madre. La Fiscalía y la Guardia Civil -consultadas ayer- tienen la convicción de que se trata del preso, en base a otras evidencias, como una prótesis.
La abogada cita un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que tras analizar las muestras del cadáver, comparando con la referencia de su hermano y la base de datos policial, "se concluye que no se ha detectado coincidencia ni compatibilidad genética con ninguno de los perfiles registrados hasta la fecha en dicha base de datos". Al no existir familiares directos en línea ascendente o descendente -todos fallecidos-, "podrían no detectarse coincidencias ni compatibilidades genéticas mediante búsqueda en la base de datos", por lo que sería necesario "disponer de las muestras de referencia o perfiles genéticos y haplotipos de ADN mitocondrial de los familiares", concluye el dictamen."Sorprende que el perfil genético mitocondrial con respecto a la persona por identificar no se corresponda con la prueba analizada del medio hermano, cuando Fernando Iglesias Espiño era hermano" por parte de madre. "¿Es que acaso no eran hijos de la misma madre? ¿Quién es la persona fallecida?", cuestiona.
El forense que levantó el cadáver comunicó al juez del caso que tenía elevadas certezas de que el cuerpo correspondía a Fernando Iglesias, a quien se echó en falta desde que el 13 de agosto no regresó a la cárcel, después de disfrutar de más de 80 permisos sin incumplimientos y cuando le quedaban poco más de dos años de una condena de 25. La Fiscalía resta importancia a ese informe en el devenir de la causa y sostiene que la Policía Judicial de Ourense tiene otras vías para acreditar la identificación del cuerpo localizado el 20 de diciembre en un monte de Piñor propiedad de una tía de Francisco Javier. Un paradero que desveló Óscar a los agentes. El cuerpo especializado de la Guardia Civil sostiene que "la identificación corresponde con Iglesias Espiño al 100%, no existe ninguna preocupación". Se basan, por ejemplo, en una prótesis en una pierna que tenía.
Las dudas sobre la identificación del cadáver no son el único argumento que expone la letrada. En su opinión, "no existe ninguna prueba de cargo". Subraya que en la granja de Maside que este investigado regentaba en alquiler no se encontraron restos humanos. Contratado por Francisco Javier, Iglesias Espiño pasaba sus permisos allí, en el lugar en que presuntamente lo mataron tras haberlo intentado en su salida anterior. Por eso, la jueza investiga delitos de homicidio, tentativa, robo y una defraudación de fluido eléctrico por un enganche en la explotación. "Aún no existe prueba alguna de que en dicha granja se cometiera el crimen ni cómo se llevó a cabo", asevera la abogada.
Los investigadores sostienen que el móvil del crimen fue económico. Por eso denominaron el caso como Operación Avaro. Entre el 11 y el 24 de agosto, presuntamente, retiraron los fondos que le quedaban a Espiño de la herencia de su madre. Había ingresado 26.631,83 euros en julio. Según los instructores, los supuestos homicidas obtuvieron 19.450 euros, todo lo que tenía tras la compra de un coche nuevo, que fue abandonado en Vigo. La defensa dice que Francisco Javier no tenía necesidades económicas "que lo llevaran a la ruina" y cuestiona la cifra de la apropiación, que rebaja a poco más de 8.000 euros, afirmando que el propio Espiño hizo varias retiradas.
Además, la letrada discute algunas referencias de los posicionamientos teléfonicos que se emplean como indicio y sostiene que que no hay pruebas de que Francisco retirase dinero de la víctima, pues la cámara de seguridad de un cajero capta a Óscar, no a él. Que este condujese a la Guardia Civil a la fosa del enterramiento, de noche, lo incrimina. "¿Cómo es posible que pretenda imputar la muerte de Don Fernando, o del cadáver aparecido, a mi mandante si, después de cuatro meses, en plena oscuridad de la noche, identifica perfectamente el lugar donde se encontró el cadáver?", dice la letrada.
