Otros casos que han tenido repercusión en el ámbito estatal son los de José Luis Torres, alcalde de Cómpeta por el Partido Popular, y la monja Teresa Forcades, próxima a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y que se postuló en 2015 para liderar una hipotética candidatura de confluencia de izquierdas a la Generalitat de Cataluña. El primero llegó a la alcaldía en 2007 -tras obtener la excedencia del Obispado de Málaga-, cuatro años después se convirtió en el munícipe del PP más votado de España y revalidó su mayoría absoluta en mayo de 2015, aunque lo dejaría un año después. "Este acto de desobediencia implica, para el interesado, la suspensión del ejercicio de sus funciones sacerdotales, aunque siga siendo sacerdote", indicaba la diócesis malacitana entonces. A la benedictina catalana, que no llegó a dar el paso, le advertía la jerarquía eclesiástica que "no se puede tomar partido por una opción concreta, pues al hacerlo el mensaje del que es testigo un religioso queda fragmentado, cuando debiera ser para todos", tal como explicaba a La Razón el arzobispo de Oviedo y miembro de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal, el franciscano Jesús Sánz Montes en vísperas de las municipales de 2015.