La empresa Tripasdeza SL, situada en el polígono industrial de Botos, deberá acometer todas las acciones encaminadas al cumplimiento de la normativa tras ser apercibida de cierre por el Concello tras detectar vertidos irregulares a la depuradora del recinto insdustrial. La compañía mantiene su actividad por el momento, tras presentar un recurso de reposición contra el acuerdo de reposición de la legalidad adoptado en junta de gobierno el pasado 28 de enero. Fuentes municipales explican que la autorización está supeditada a que no apareczan más vertidos y asegura que la factoría llegó a estar un día precintada.

Los acontecimientos se remontan a cuando los representantes de Tripasdeza SL tiene en trámite una comunicación previa de actividades para una industria de procesado de vísceras animales, pero al no aportar toda la documentación requerida, el ejercicio de la actividad no cuenta con título habilitante. Además, un informe técnico sobre autozación de vertido industrial constata que la firma derrama las aguas residuales al colector general de la depuradora del polígono y que, de acuerdo con la ordenanza vigente, debe contar con la correspondiente autorización o permiso. En una analítica realizada por una sociedad externa se constata que la industria, realiza vertidos que superan los límites fijados en la ordenanza para el nitrógeno total. Y que en el parámetro Sólidos en Suspensión, aunque en la analítica cumple con los límites establecidos, "existe un escrito de la empresa Espina y Delfín el 12 de diciembre de 2018, en la que se informa que incumple con este parámetro, presentando tripas y restos sólidos en el filtro rascador de la EDAR". A continuación, el informe determina que si no se corrijen este tipo de vertidos, la factoría está vulnerando la ordenanza municipal aplicable, por lo que su informe es desfavorable.

Ya el 23 de enero pasado el jefe del servicio municipal de Aguas advierte de que a la depuradora de polígono, entre los días 18 y 22 de ese mismo mes, siguen llegando restos de grasa y tripas y que estos residuos viscosos pueden provocar daños en la instalación, perjudicando asimismo el funcionamiento de la planta. Ante estos acontecimientos, la junta de gobierno local ordena la supensión inmediata de la actividad de la empresa, advirtiendo al obligado de que el presente acuerdo de suspensión le será notificado y que desde ese momento, ante cualquier incumplimiento, se podrán poner en conocimiento estos hechos a la Fiscalía "para la depuración de las responsabilidades penales que pudiese dar lugar".

Entonces el Concello concede a la empresa 15 días hábiles para examinar el expediente y presentar posibles alegaciones, a la par que se notifica a la Policía Local que compruebe el cumplimiento efectivo de la suspensión y, si este se desoyese, en las 24 horas siguientes a la notificación, se procediese al precintado de las instalaciones. La sociedad habría presentado alegaciones y la continuidad de su industria depende ahora del riguroso cumplimiento de la normativa.