Piden a Cobre San Rafael que aclare si hay usos privados del agua cerca de la mina

La asociación ecologista Adega difunde un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el que se analiza tanto el proyecto como el plano de restauración y el estudio de impacto ambiental de la mina que quiere reabrir en Touro y O Pino la empresa Cobre San Rafael. Dicho informe fue solicitado por la Sección de Minas de la Delegación Territorial de A Coruña.

El IGME detecta carencias de información en el estudio hidrológico y el hidrogeológico. Si bien Cobre San Rafael indica que la mina se encuentra en las cuencas del Brandelos y de su afluente Pucheiras, "se echa en falta un plano de mayor detalle en el que figuren todos los puntos del agua, y en el que se indique si hay aprovechamientos particulares del agua subterránea en el entorno del proyecto minero. Pide, de la misma forma, que el proyecto especifique "cuáles serían las posibles afecciones a las aguas subterráneas en lo que se refiere a la calidad".

El informe del instituto estatal añade que, al tratarse de una zona con un balance de agua de lluvia positivo, habrá un exceso de agua que debe gestionarse e integrar dentro del proceso minero. En este sentido, indica que el proyecto contempla un circuito de aguas cerrado, de modo que habrá un vertido cero. Las aguas de escorrentía o de lluvia que no estén afectadas por el complejo minero deben reconducirse por medio de cunetas a sus zonas de vertido natural. En cuanto al plan de restauración, en la vigilancia post-clausura se contempla el control de calidad de las aguas en el entorno minero, pero el IGME recalca que es imprescindible "el aislamiento de los estériles en las cortas de Vieiro-Arinteiro a partir del sexto año, y su encapsulado definitivo una vez iniciada la restauración al final del proyecto ".

Cobre San Rafael calcula que la mina de Touro estará activa 14 años, a un ritmo de producción de cinco millones de toneladas durante los tres primeros ejercicios, y de ocho millones durante los siguientes. La promotora ha realizado cerca de un millar de sondeos, que para el IGME resultan suficientes para considerar que las reservas de mineras son correctas. El proyecto calcula que se invertirán 118,20 millones en la planta de tratamiento, así como en costes indirectos y en la propiedad. A final, se obtendrán 421.000 toneladas de cobre, pero en el mercado se pondrían 377.200 toneladas a un precio, según el proyecto de San Rafael, de 6.000 dólares por tonelada. Es un cálculo "bastante optimista, ya que en los últimos años el precio oscila entre los 2.900 y los 10.200 dólares", indica. Ve confusos, también, los costes de explotación de 700.000 euros anuales, "una cifra que convendría justificar, aunque no parezca desproporcionada".