La Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia de Tres Meses (Atrifoga) celebró anteayer en Silleda su primera asamblea anual. El colectivo se constituyó el 5 de noviembre del año pasado y cuenta con 436 trabajadores del servicio de prevención y defensa que solo son contratados durante los meses de verano, de modo que no pueden hacer sustituciones a lo largo del año.

El encuentro de anteayer sirvió para hacer balance de este primer año de actividad. Atrifoga sigue pendiente de conseguir una reunión con la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, con vistas a lograr "una solución adecuada para todo el personal temporal, que favorezca y repercuta en la optimización del servicio". Los forestales de tres meses permanecen excluidos del convenio colectivo del personal laboral de la Xunta y, además, "sufren desprotección social en cuanto al acceso a algún subsidio", señalan desde el colectivo.

La asociación insiste en que es necesario ampliar las contrataciones de tres meses ya no solo por mejorar las condiciones laborales, sino también para dimensionar el propio servicio para convertirlo en "único, igualitario y público", de modo que no existan diferencias salariales ni laborales, al mismo tiempo que también se evita la descoordinación al haber entidades públicas, privadas, públicas con gestión privada, comarcales, municipales, civiles y militares.

Además, se antoja necesario ampliar los contratos más allá de los meses de verano debido a las nuevas necesidades que se hacen patentes desde años atrás: en los últimos tiempos se detecta la desestacionalización del riesgo de incendios, de modo que arde en cualquier época del año, pero también una mayor vulnerabilidad de las zonas periurbanas y la nueva tipología de los grandes incendios forestales que, como ocurrió en la oleada de fuegos de mediados de octubre, colapsaron los medios y calcinaron miles de hectáreas. Si a todo esto se suma el progresivo abandono del rural y la acumulación de biomasa sin gestionar, está claro que "la administración debe mudar su estrategia, dando prioridad a las políticas preventivas y creando una mayor resistencia del monte ante estos ataques tan agresivos", indica Atrifoga.

El colectivo mantuvo reuniones sobre este asunto con comunidades de montes, sindicatos, asociaciones ecologistas y empresas vinculadas a la industria forestal, así como con parlamentarios.