El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, se pronunció ayer sobre el proyecto de la compañía Racso Soluciones, que promueve una planta de reciclaje de neumáticos en el polígono de Botos. El mandatario indicó que la administración local será exigente con la sociedad en el cumplimiento de la legislación ambiental, si bien dijo que por lo que tiene conocimiento dispone de todos los permisos. "Estaremos atentos con esta empresa, como con todas, que cumpla, porque no vamos a permitir asentarse a ninguna que provoque un caos medioambiental. Queremos que cumpla la legislación, no al 90%, sino al 110", declaró ayer en una emisora de radio local.
Cuiña, a raíz de algunas manifestaciones públicas de vecinos acerca de los posibles efectos nocivos de la actividad de la planta, dijo que en principio no habría porque preocuparse y de paso agradeció a la firma su interés por asentarse e invertir en Lalín. Tal y como avanzó FARO hace casi cuatro meses, Racso Soluciones está en la fase de tramitación de las perceptivas licencias ante la Xunta con el propósito de iniciar su actividad en las instalaciones de la antigua factoría láctea de la empresa Prabasa, en el polígono de Botos. En el proyecto de actividad se expone asimismo que la planta de valorización electromecánica tendría una capacidad de proceso de 15.000 toneladas anuales. Aprovecharían los neumáticos después de su vida útil para, mediante un proceso industrial, aprovecharlos tras someterlos a un proceso electromecánico de separación de sus principales compuestos: el caucho, el meta y la fibra. La sociedad destaca que con la implantación de su proyecto en Lalín su estructura inicial permitiría la creación de 19 empleos, entre cargos directivos, ejecutivos, administrativos y la decena de operarios con distintos cometidos. Ya a partir del segundo año planea el alta de otros siete puestos de trabajo también directos, con plazas de oficiales de primera y de segunda. Las dudas surgen a la hora de verificar que el proceso industrial no contempla incineración de neumáticos o emisión de gases tóxicos en una zona muy próxima al río Asneiro. La Xunta, a finales de septiembre, tras evaluar el proyecto de impacto ambiental simplificado presentado por la empresa decidió que no era necesario someterlo al proyecto de evaluación de impacto ambiental ordinario. Por cierto, en esa fase, el Concello no emitió ningún dictamen al respecto. Sí constan los de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y del Instituto de Estudos do Territorio.
