Dereitos Civís proyecta preguntar a la Agencia Española de Protección de Datos por las cámaras de videovigilancia del polígono de Toedo y del Teatro Principal. Así lo explicó ayer Renato Núñez da Silva, tras indicar que a Dereitos Civís le parece insuficiente la respuesta que le dio el Concello a través del Valedor do Pobo de Galicia acerca de las cámaras de videovigilancia existentes en lugares públicos de A Estrada.

Señaló que en su respuesta el Concello afirmó que las únicas cámaras de su responsabilidad son las de grabación del salón de plenos, para las que se ha creado el correspondiente registro. Dereitos Civís volverá a preguntarle al Concello por las demás cámaras que existen en la villa. Remarcó que a través de la web se emiten imágenes en tiempo real. Quiere saber cuántas cámaras hay y si graban o no. En el caso de las del Teatro, apunta que si graban debería estar señalizado que se trata de una zona con videovigilancia. Al tratarse de una administración pública, en caso de que haya alguna deficiencia Protección de Datos podría obligarle a retirarlas o a reubicarlas. Señala que a las administraciones no les impone sanciones. Pero hace notar que el caso del polígono de Toedo es diferente porque el sistema -que cuenta con la autorización de la Delegación del Gobierno- es de titularidad de los empresarios y a Dereitos Civís no le consta que exista en Protección de Datos ningún registro de grabación a su nombre, que indique quien tiene acceso a esas imágenes -de las que le sorprende que se almacenen en entes vinculados al Concello-y si puede acceder la Policía Local (para lo que necesitaría autorización de la Delegación del Gobierno). Entiende que, por tanto, el sistema estaría "ilegal" y hasta podría acarrearles una sanción. A preguntas de esta Redacción acerca de a quién perjudicarían esas imágenes si el sistema se instaló para evitar robos , apuntó que al derecho a la imagen de cualquiera que vaya allí y no quiera que después se difundan sus imágenes, como puede ser una pareja que quiera intimar allí.

Dereitos Civís se pregunta qué demuestra la eficacia de la videovigilancia para evitar delincuencia y vandalismo, único argumento que podría llevar a los usuarios a renunciar al derecho a su propia imagen.