El Concello de Silleda, condenado a readmitir al arquitecto Lino Doporto

El Juzgado de lo Social Número 2 de Pontevedra da la razón al arquitecto Lino Manuel Doporto Framil, que en octubre pasado denunció al Concello de Silleda para exigir que se le reconociese su relación laboral con la Administración local y la consideración de su cese, el 31 de julio de 2013, como despido nulo. Efectivamente, la magistrada declara nulo el despido y condena al Concello a "readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido y a abonarle los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido", según recoge la sentencia, de 4 de abril. El fallo no especifica este montante, si bien el salario establecido en el último contrato era de 2.360 euros mensuales.

Doporto, que trabajó como asesor urbanístico del Concello, con diferentes contratos desde noviembre de 2008, se incorporará a su puesto mañana mismo, dado que la Administración local no ha recurrido la decisión judicial. El técnico dice sentirse "satisfecho" con el fallo.

El Concello declaró extinguido el contrato el 31 de julio de 2013, si bien este había finalizado el 31 de marzo. Respecto a la antigüedad que reclamaba el demandante, la jueza reconoce que esta debe contarse desde el 13 de septiembre de 2011, aludiendo al "lapso temporal", de noviembre de 2010 a septiembre de 2011, en el que Doporto dejó de estar vinculado al Concello, lo que "supondría la ruptura de la relación laboral en su día iniciada". También basa la justificación de su declaración como despido en el hecho de que la relación que unía a ambas partes "no era administrativa, sino laboral, por lo que debiendo ser considerados fraudulentos los contratos administrativos firmados entre las partes, ninguna duda cabe de que ha de reconocerse al actor la condición de persona laboral indefinido no fijo". Más a su favor, la jueza también incide en el hecho de que el contrato expirase el 31 de marzo, cuatro meses antes de la finalización impugnada.

Críticas del PP al gobierno

"Otra sentencia más contra el Concello, después de la del palista, la trabajadora de la limpieza viaria o de la de Servicios Sociales", lamenta el portavoz del PP, José Luis Espiño, que critica el gasto en abogados e indemnizaciones que acarrean este tipo de conflictos. "Estamos en lo de siempre. Quien no piensa como ellos, es enemigo", dice. Cifra en 5.000 euros las costas de representación de este caso, "y después dicen que no hay dinero para hacer un estudio sobre el tema del agua", lamenta.