La tasación de los terrenos del Pontiñas sube 5 millones en dos años por los pleitos de la Xunta

La estrategia de los servicios jurídicos de la Xunta en el conflicto del Paseo do Pontiñas puede suponer, en caso de una sentencia favorable a los vecinos, un severo varapalo para las arcas de la administración autonómica. Las millonarias compensaciones pudieron haberse minimizado tanto con el PP como con el bipartito en la Xunta, pero la huida hacia adelante de la consellería puede costarle muy caro. Gran parte de los 31 millones de euros que podría tener que pagar a los vecinos corresponde a los intereses generados y cinco solamente en los últimos dos años.

A finales de abril de 2012 una sentencia del Tribunal Supremo condenaba al organismo autónomo a abonar 26 millones a los propietarios de una parte de los terrenos expropiados, hace más de una década, para la construcción del recinto fluvial. La sentencia se apoyaba en que en el año 2001 los predios expropiados ya figuraban en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como suelo urbano consolidado y no como predios rústicos. A raíz de aquella resolución judicial la Xunta, en vez de, como plantearon los afectados, sentarse a negociar para acordar un plan de pagos, pidió amparo al Constitucional y registró recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El resultado, por el momento, no fue otro que un incremento desproporcionado de las indemnizaciones, cifradas hace solo unos días por el alto tribunal autonómico en algo más de 31 millones. Son por tanto casi 6.900 euros al día a mayores entre una cantidad y la última tasación, evidentemente, de nuevo, por los intereses generados desde abril de 2012 y el mes pasado.

Pero si Aguas de Galicia tiene su estrategia, el abogado de los vecinos, José Luis Fernández Pedreira, también reaccionó de inmediato. Tras conocer el registro del recurso, días atrás, contra el auto del TSXG, el letrado formuló otro. Con esta alegación, lejos de acercar posturas, como se propuso durante estos 24 meses, los dueños pretenden que la cotización de los predios sea todavía más elevada. Aunque el valor de estas fincas no lleva ni por asombro a los 31 millones -el alcalde Crespo comentó días atrás que esa cantidad no la costaban ni los solares que hay ahora en Lalín- los afectados son conscientes de que tienen serias opciones de ganar el pleito.

Porque ya lo hicieron hace 8 años, cuando la consellería de Medio Ambiente entonces dirigida por el socialista Manuel Vázquez tuvo que desembolsar 8,2 millones por un suelo calificado como urbano, pero donde no se puede construir.

La Xunta sigue enrocada en su postura de alargar lo máximo un proceso que le puede salir muy caro. Si el TSXG desestimó su propuesta de reversión de los terrenos a los vecinos y eximir de cobro a algunos fallecidos, el recurso presentado días atrás es, según Pedreira, exactamente el mismo, por lo que su recorrido podría ser más bien corto.