La corporación lalinense muestra su rechazo unánime a la supresión del partido judicial

Gobierno y PSOE pactan una iniciativa conjunta contra el anteproyecto de ley - "Quizá Gallardón lo que quiso hacer fue lanzar un globo sonda, pero esta medida no puede ir así y la rechazo sin paliativos", afirma Crespo

Los cuatro partidos políticos reprobaron la reforma de la justicia que planea el gobierno central en el pleno de ayer.  // Bernabé/Gutier

Los cuatro partidos políticos reprobaron la reforma de la justicia que planea el gobierno central en el pleno de ayer. // Bernabé/Gutier

LALÍN

"Los sabios de los gobiernos de Madrid seguro que conocerán muy bien el Barrio de Salamanca, Somosaguas o el carallo 29, pero no la realidad de Galicia o la de pueblos como Lalín". Este fue uno de los alegatos del alcalde lalinense, José Crespo, para mostrar su oposición a la reforma de la administración de Justicia del gobierno central que supondría la desaparición del partido judicial y de su sede administrativa de la capital dezana. El gobierno popular y el grupo socialista cerraron filas con una única moción -cada partido había presentado una para su debate en el pleno de ayer- contra la supresión del partido judicial que fue refrendada por BNG y Partido Galeguista Demócrata (PGD).

El portavoz del grupo de gobierno y parlamentario autonómico, Román Rodríguez, fue el encargado de argumentar la postura del ejecutivo contra la reforma planteada por el ministro Gallardón y lo hizo con un discurso más tibio que el que luego pronunciaría Crespo. "Es un cambio controvertido que enfrentó a los concellos y también a la Xunta. Creo que se debe hacer caso a las reivindicaciones de los ayuntamientos y la postura del PP en Lalín está clara", declaró. Acto seguido el portavoz del PSOE, Manuel González Aller, advirtió que, para llegar a un acuerdo sería preciso que el grupo de gobierno aceptase el primer punto del texto de su moción por entender que era más contundente, pues planteaba que la situación se mantuviese sin ningún cambio. Y que también -como se recoge en la moción de todos los alcaldes dezanos- se velase por el mantenimiento de los juzgados de paz en cada municipio.

Entonces Crespo tomó las riendas del debate para informar a la corporación de las conversaciones que había tenido con altos cargos del ministerio y representantes de la abogacía. "Lejos de tranquilizarme, las explicaciones que me ofrecieron todavía me preocuparon más", declaró en alusión a las dudas que existen sobre las funciones de las llamadas sedes desplazadas. "Quizá Gallardón lo que quiso hacer fue lanzar un globo sonda, pero esta ley no puede ir así, porque es como si entrase un elefante en una cacharrería, al margen de que ni siquiera haya sido aprobada por el Consejo de Ministros". El primer edil lamentó que los gobiernos estatales de turno no tengan en cuenta las especificidades de Galicia. "Si este borrador fuese elaborado por la Xunta sería otra cosa, pero en Madrid no entienden nuestra realidad", dijo.

Euskadi como ejemplo

Crespo volvió a aferrarse a la necesidad de que Estado y Xunta tengan en cuenta el reequilibrio territorial y evitar así que la concentración de infraestructuras y servicios en los territorios más poblados -sobre todo en la costa- deje al interior "como concellos que acabaremos como cotos de caza". "Con decisiones como la supresión de los juzgados todavía se abre más la fractura del equilibrio territorial. Euskadi fue el ejemplo empleado por el alcalde para lo que es, a su juicio, una disposición beneficiosa para todos sus concellos de servicios públicos o incluso privados. Así, indicó que la sede de la televisión autonómica "está en un pueblo como Agolada o el grupo Eroski, en una villa como Elorrio". "Aquí en Galicia, por ejemplo, está bien pensado que la Academia Galega de Seguridade Pública -Agasp- esté en A Estrada, aunque si por alguno fuese seguro que iría en su momento para una de las grandes ciudades como Vigo y A Coruña; esa dualidad que siempre andan tocando el berimbau con asuntos como los aeropuertos".

Su discurso municipalista, precedido por una densa intervención en materia de inversiones, había noqueado ya a gran parte de los miembros de la corporación, que de unánimemente mostraron su rechazo a la supresión de los partidos judiciales. La pérdida de servicios e incluso de habitantes por la posible marcha de profesionales del derecho fue otro de los argumentos aludidos en el debate plenario.

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