La Fiscalía estudiará el caso de presuntas incompatibilidades de un funcionario municipal de Lalín, denunciadas en su día por la empresa Portas y Acuña, que pidió -y consiguió- que se le apartase de la tramitación del plan urbanístico de La Veneciana por considerar que tenía intereses particulares en el mismo. El Concello de Lalín remitió en días pasados al Ministerio Público toda la documentación correspondiente al expediente abierto al ingeniero técnico municipal, afectado por un expediente de compatibilidades, "para que sea analizada por este órgano a fin de descartar la existencia de cualquier tipo de responsabilidad en este ámbito", explica el gobierno en un comunicado.
La documentación remitida fue recabada y elaborada por los técnicos municipales responsables del expediente habilitados al efecto. El gobierno local decidió trasladar el asunto al Ministerio Fiscal después de haber realizado un "estudio detallado" de la misma "sin un resultado concluyente". Pretende, de este modo, que sea el órgano judicial quien "dirima sobre la existencia o no de irregularidades" en el desempeño de las funciones como trabajador municipal por parte del ingeniero técnico investigado.
En el aspecto estrictamente administrativo, el Concello también ha acordado solicitar al Consello Consultivo de Galicia en relación con la petición formulada en su día por el funcionario en cuestión para compatibilizar sus actividades privadas con las propias de su ocupación como técnico municipal. Así se lo comunicó ayer el alcalde, José Crespo, a los portavoces de los grupos municipales: Román Rodríguez (PP), Manuel González Aller (PSOE), Xesús Cordeiro (BNG) y Camilo Conde (Partido Galeguista. La junta de portavoces -a la que asistieron también los técnicos municipales Salvador González y Román Pérez- fue convocada de urgencia para dar cuenta del traslado del expediente a la Fiscalía para que investigue si hay indicios de delito.
El proceso administrativo que se seguía en el Concello ha quedado paralizado a la espera de que se pronuncien el Ministerio Público y el Consello Consultivo. En caso de que el fiscal halle indicios de delito, el asunto se trasladaría a la vía judicial, con independencia de que pudiesen seguirse otras actuaciones de carácter administrativo. En caso de que no aparezcan indicios delictivos, se retomaría el proceso administrativo, según se indicó en la reunión de portavoces municipales de ayer.
El funcionario lalinense podría enfrentarse a una sanción muy grave, que conllevaría hasta tres años de suspensión de empleo y sueldo, en caso de que se demostrase que hubo incompatibilidades entre su trabajo en el Concello y su actividad empresarial. Asimismo, el trabajador podría verse obligado a devolver al Concello una parte de su salario, en concreto, la referida al complemento específico, según se manifestó en la reunión de ayer. En caso de que su actividad fuese declarada compatible, el ingeniero técnico podría ejercer en cualquier concello de la comarca excepto en Lalín, indicó uno de los portavoces presentes en el encuentro.
