El dueño de un club de alterne situado en Ponte Vilariño, en el municipio de Agolada, así como el camarero del local y dos de las prostitutas que ejercían en este establecimiento se enfrentan a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 16 años de prisión por los delitos de inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores y tráfico ilegal de mano de obra. La fiscalía basa su acusación en las declaraciones de tres testigos protegidas, una de las cuales no ha podido ser localizada para el juicio, abierto ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, al frente del grupo se encontraría el dueño del local, José Ramón V.P., nacido en Vila de Cruces hace 58 años, que se encargaría de "realizar los actos necesarios para promover o facilitar la entrada ilegal de las chicas" en España. El camarero del local, Plácido V.C., de 62 años y natural de Lalín, tendría como cometido controlar a las chicas en el establecimiento y gestionar la contabilidad de los servicios que realizaban. Las dos chicas -Uilda S.M., de 34 años de edad y nacida en Jataní-Goiana (Brasil) y M.D.D.F., esta en rebeldía- se encargarían de la captación de chicas en Brasil, especialmente entre familias de escasos recursos.

Entre los hechos que relata la fiscal señala, por ejemplo, que nada más llegar a España se les decía a las chicas que habían contraído una deuda de 3.000 euros, de tal forma que todo lo que percibían por servicios sexuales o "pases" se les retiraba para saldar esta deuda. También recoge que se les imponían multas si se negaban a trabajar, por ejemplo, si tenían la menstruación. Las chicas relataron amenazas a sus familias e incluso agresiones.

Ayer José Ramón V. P. negó este extremo. Aseguró que "nunca jamás" introdujo mujeres del extranjero o envió dinero para que las trajeran. "Todas las chicas estaban aquí por su voluntad" y "venían por su propia cuenta", indicó el propietario. Reconoció que alternaban en su local: "Sí tomaban copas y estaban con los clientes", aunque asegura que se le cobraba únicamente el porcentaje de las copas que pudieran tomar como clientes y que "el resto se lo quedaba la chica". "Iban y venían libremente, cuando querían", añadió el dueño del local durante el juicio. Además, negó que hubiese "amenazas o agresiones a las chicas".

Por su parte, el camarero Plácido V.C. justificó que llevase en un libro -que fue incautado- una completa contabilidad de los pases de las mujeres en el hecho de que "ellas me pedían que les guardase yo el dinero, ya que tenían miedo de que se lo robasen, yo lo anotaba y luego hacíamos cuentas".

El procedimiento tuvo su origen en una denuncia realizada por tres chicas que trabajaban en el club El Cisne en 2007, dos de las cuales declararon ayer tras un biombo. A pesar de esta protección, la última procesada, Uilda S.M. se refirió a las testigos por su nombre de pila y afirma que todas "entraban y salían del club cuando querían" y que no existía "ningún tipo de control". Por el contrario, las testigos señalaron que las mujeres estaban prácticamente retenidas en el local, sometidas a vigilancia y control mientras no saldasen la deuda contraída.

El juicio, que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia, se suspendió hasta mañana a las 10.15 horas por la incomparecencia de algunos testigos citados.