La sección segunda de la Audiencia Provincial acogerá este martes, día 18 (a las 10.15 horas) un juicio contra el dueño, un camarero y dos prostitutas del club de alterne Cisne, de Ponte Vilariño (Agolada). En su escrito de calificación, el Fiscal pide 12 años de cárcel para cada uno, por un delito de inmigración ilegal, así como otros 4 por un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía propone que, en caso de que el juez aprecie un delito de tráfico ilegal de mano de obra, se condene a estos acusados a 3 años más de prisión y a una multa de siete euros diarios durante ocho meses. A todo ello se suma, en concepto de responsabilidad civil, la indemnización solidaria de 30.000 euros a las tres prostitutas que presentaron denuncia.

Los hechos acaecieron entre 2005 y 2007. El regente del local, J.R.V.P. (vecino de Vila de Cruces y de 59 años de edad) se encargaba de realizar "los actos necesarios con los que promover o facilitar la entrada ilegal de las chicas", tal y como señala el escrito del Fiscal. P.V.,de Lalín y de 63 años, ejercía de camarero y controlaba la actividad sexual de las mujeres que trabajaban en el local, y era él quien se encargaba de llevar la contabilidad de los servicios que ofrecían. Las otras dos acusadas son dos mujeres brasileñas, U.S.M, de 34 años de edad, y M.D.D.F., declarada en rebeldía en la presente causa. Ambas se encargaban de captar a las mujeres en sus países de origen "directamente o a través de intermediarios". La mayoría de ellas pertenecía a familias en situaciones económicas muy delicadas o azotadas por violencia social e intrafamiliar. Las alcahuetas, tal y como relataron las tres testigos protegidas, les facilitaron los billetes de avión y dinero para el viaje, a la par que las aleccionaban de cómo debían comportarse en aduanas para simular que eran turistas.

El fiscal relata que, una vez que llegan al club de Ponte Vilariño, se les dice a las chicas que han contraído una deuda 3.000 euros que deben abonar de la siguiente forma: cada servicio cuesta 40 euros, de los que 6 se destinan al alojamiento y manutención; 10 a los responsables del local y 24 a saldar dicha deuda. Además, de los 30 euros que cuesta cada consumición, 8 se reservan para los responsables del local y los 22 restantes sirven para pagar el pasivo.

Grabaciones con clientes

De este modo, las jóvenes no ganaban ningún dinero hasta que cancelaban toda la deuda. A partir de entonces, de los 40 euros del servicio, ellas se quedaban con 20, y los 20 restantes se destinaban a partes iguales a los responsables y al alojamiento. Pero, desde el cuarto pase, cada mujer pasa a cobrar 30 euros, además de los 22 de cada consumición del cliente. Su horario de trabajo era desde las 20.00 horas hasta las 4.00 ó 5.00 de la madrugada, sin ningún día de descanso. Si la prostituta tenía aún la deuda, debía anotar en un cuadrante los servicios que había realizado, y si ya la había saldado anotaba el servicio en tíquets. Al final de cada jornada, el dueño o el camarero se reunía con las mujeres para ajustar el estado de sus pasivos. Si alguna de ellas se negaba a trabajar durante la menstruación o por otro motivo, se le imponía una multa.

Para que ninguna prostituta abandonase el local, los acusados las amenazaban con comunicar su situación a la policía. Por eso grababan imágenes de las mujeres alternando con los clientes y les decían que, si abandonaban la prostitución, mostrarían los vídeos a sus familias. Una de las madamas incluso las amenazó con matar a algunos de sus parientes en Brasil si dejaban el negocio. Tres prostitutas interpusieron una denuncia en mayo de 2007. Al mes siguiente, la Policía Nacional y funcionarios de la Brigada de extranjería registraron el club, incautando 5.274 euros de la caja registradora, además de otros 1225 y 450 reales brasileños en un cajón que estaba en poder de una de las madamas.