El TSXG anula las medidas cautelares que frenaron la obra de las aceras de Codeseda

En febrero de este año el Concello de A Estrada resolvió presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en contra de la sentencia judicial que ordenó medidas cautelares en base a las cuales se frenó la ejecución de las polémicas aceras en la parroquia estradense de Codeseda. Se explicó entonces que el citado auto fue dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Pontevedra, decidiéndose dejar en suspenso la ejecución del acuerdo plenario en virtud del cual se ocuparía un terreno que el Concello consideró público para concluir las aceras en A Sagrada. El primer teniente de alcalde, Juan Constenla Carbón, explicó que la Junta de Gobierno Local conoció ayer la resolución del alto tribunal gallego que estima la petición del gobierno local y anula la referida medida cautelar por la que se detuvo el avance de estas obras.

Desde el gobierno se recordó que un particular presentó el citado recurso contencioso-administrativo. Como trascendió en su momento, pidió que mientras no se dictase sentencia, se suspendiese el acuerdo municipal de manera cautelar. El acuerdo plenario en cuestión perseguía ejercer una acción de recuperación posesoria sobre los terrenos precisos para rematar las aceras. Seguidamente, el Concello emitió comunicaciones a particulares afectados otorgándoles un plazo de 15 días para desocupar los predios, con la previsión de que a comienzos del pasado mes de enero los terrenos quedasen liberados para poder ponerlos a disposición de la Diputación y continuar la construcción de la infraestructura. Tras el citado recurso, todo quedó en suspenso.

Según se informó en su momento, el juzgado justificó su decisión argumentando que, en el caso de que se produjese una sentencia favorable a los intereses del particular, difícilmente se podría recuperar la situación anterior.

En el momento de dar a conocer la presentación de un recurso ante el TSXG, el Concello avanzó que apoyaría su argumentación en la existencia de resoluciones dictadas por este tribunal, considerando asimismo que la suspensión dictada impedía dar cumplimiento al interés general que, defendió el anterior gobierno estradense, debería prevalecer sobre el particular.