Ana Cela / A ESTRADA

El Concello de A Estrada registra un elevado incremento de la llegada de población extranjera. Según información facilitada y constatada por el Departamento de Servizos Sociais, en el año 2001 el número de extranjeros residentes en el ámbito municipal apenas alcanzaba los 50, mientras que entre 2003 y 2005 el número de inmigrantes se situó en torno a los 300. Estudios realizados por el área municipal que coordina el edil Manuel Rodríguez para valorar las necesidades de esta población evidencian que son 255 los inmigrantes que figuran empadronados en el concello estradense, procedentes mayoritariamente de América Latina y de modo especial de países como Colombia, Venezuela o Uruguay.

En virtud de la información que maneja Servizos Sociais, de cara a planificar actividades de acogida a inmigrantes extracomunitarios y atender las necesidades de este colectivo ciudadano, estas personas son en gran mayoría mujeres que proceden de núcleos urbanos, con un rango de edades comprendidas entre los 17 y los 49 años y que en gran parte de los casos están casadas con gallegos familiares de emigrantes. De igual modo, también destaca una proporción elevada de mujeres solteras que residen con sus hijos y con miembros de su familia de origen.

Cabe destacar que la administración local realizó, a la vista del significativo aumento de la población inmigrante extracomunitaria, un profundo trabajo de investigación para conocer sus características, perfil y necesidades, bajo la pretensión de diseñar programas y proyectos que faciliten su plena integración. En concreto, este estudio se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2006, obteniendo como resultado de la práctica de entrevistas y visitas domiciliarias 48 unidades familiares o núcleos de convivencia como muestra.

Sin contrato

Este análisis permitió extraer un conocimiento más detallado de la situación de estos inmigrantes, que en el plano formativo se corresponden con personas con estudios elementales o secundarios y, en menor medida, con formación universitaria. Además, la gran mayoría de las mujeres inmigrantes entrevistadas por los Servizos Sociais estradenses no trabaja o se dedica al cuidado de la casa y la familia. Entre aquéllas que realizan alguna labor fuera de su domicilio, una parte importante trabaja sin un contrato laboral, aspecto que permite deducir a estos expertos que el problema laboral es el desencadenante de otros muchos que subyacen a posteriori.

Según reflejan las conclusiones de este estudio, la mayor parte de las personas entrevistadas residen en España desde hace más de 10 años y posee un permiso por reagrupación familiar o de carácter temporal, con la pretensión de solicitar la residencia permanente y, en muchos casos, la nacionalidad española.

De igual modo, los datos extraídos arrojan un elevado grado de integración por lo que respecta al uso de los servicios por parte de la población inmigrante en A Estrada, que se declara especialmente conocedora y usuaria de los servicios sanitarios y sociales, junto a los de carácter educativo y cultural.

A la hora de planificar el desarrollo de un programa de integración, la concejalía de Manuel Rodríguez contrató a una empresa de servicios lingüísticos y se marcó dos ejes de actuación: la acogida integral -que implica el estudio de las necesidades de este colectivo y la implantación del pertinente asesoramiento jurídico y social- y el eje educativo, que se desarrolló durante el pasado año a través de actividades de integración en los centros educativos de Primaria y Secundaria emplazados en el término municipal. Esta última iniciativa se llevó a la práctica a través de talleres de lenguas y culturas del mundo.

Asesoramiento jurídico

Del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2006 fueron atendidas en el servicio de asesoramiento jurídico a inmigrantes extracomunitarios de A Estrada un total de 31 personas. El 81,5 por ciento se encontraban en situación administrativa regularizada y tan sólo un 15,5% en situación irregular. La mayor parte de los atendidos fueron mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, en su mayoría procedentes de Venezuela, Colombia o Cuba. Además, ninguna de estas personas atravesaba una situación de exclusión social y en su totalidad presentaban demandas vinculadas al asesoramiento relativo al mundo laboral. El 13% presentaron solicitudes de asesoramiento jurídico y otras muchas cuestiones como la tramitación de la nacionalidad, la homologación de títulos extranjeros o del permiso de conducir, entre otros aspectos.