La agolense Montse Irago se sentó ayer ante el titular del Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra para confirmar la denuncia presentada el marzo pasado contra la asesoría en la que trabajaba por un supuesto despido motivado por "discriminación lingüística" y solicitar al tribunal que declare nulo el trámite de destitución, la readmitan en el puesto que desempeñaba y le abonen el dinero correspondiente a los salarios que le corresponden entre la fecha de rescisión del contrato y la sentencia judicial.
La denunciante, que rechazó los servicios de un abogado y se defendió a si misma en la sala, asegura que los responsables de la asesoría la echaron únicamente "por falar galego" con sus compañeros y la clientela, ya que no existe ninguna razón más relacionada con su rendimiento laboral o preparación que pueda haber motivado el despido. Además, sostiene que un responsable de la empresa reconoció abiertamente estos motivos en una conversación privada.
Por su parte, dos empleados y tres clientes de la asesoría llamados a declarar por la abogada de la defensa sostuvieron durante la vista que la lengua en la que se expresaba la denunciante no está detrás del despido e hicieron referencia a motivos relacionados con su "actitud".
Así, una de las empleadas negó que existiese algún tipo de "prejuicio lingüístico" por parte de sus compañeros o de la empresa, que recientemente recibió una subvención del departamento de Política Lingüística de la Xunta de Galicia para el fomento de la lengua gallega, y alegó que no la considera apta para el trabajo que desempeñaba "por sus actitudes".
En la misma línea se manifestaron el resto de los testigos de la defensa. Una trabajadora aseguró que Montse Irago "no le inspiraba confianza" y una clienta llegó a asegurar en la sala que "no le gustaba" la forma de hablar y de expresarse de la despedida, no por la lengua sino por el "tono" y expresiones empleadas.
La única testigo de la demandante, la responsable de la empresa de trabajo temporal que la contrató en nombre de la gestoría, no entró en consideraciones lingüísticas y se limitó a constatar que Montse Irago está plenamente "capacitada" para desempeñar el cargo del que fue despedida, como acredita su currículum y experiencia durante nueve años en un puesto similar en otra empresa.
Empresa subvencionada
En los momentos previos y posteriores al juicio, Irago estuvo respaldada por varios miembros del BNG y A Mesa pola Normalización Lingüística, cuyo presidente, Carlos Callón, anunció que solicitarán a la Xunta una inspección de la gestoría denunciada para comprobar si cumple las condiciones para recibir una ayuda para fomento del gallego.
Callón considera que, de demostrarse que existió discriminación, "non é tolerable" y recordó que en Galicia ya se han dado quince denuncias de discriminación "a galegofalantes".
