"La izquierda debe mojarse más y de otra manera con la inmigración"

En pleno endurecimiento del debate migratorio, azuzado por el avance de la ultraderecha, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València Javier de Lucas sacude el marco de discusión. Si hasta ahora las críticas a la regularización, una de las medidas estrella del Gobierno, le habían llegado desde el flanco conservador, De Lucas, exsenador socialista y referente académico en derechos de las personas migrantes, lo hace con una óptica progresista y una clara advertencia: "La izquierda debe mojarse más y mojarse de otra manera. Si no, no es izquierda".

¿Por qué la inmigración se ha situado en el centro del debate? ¿Se habla más porque crece la ultraderecha o es la ultraderecha la que crece porque se habla más de inmigración?

Hay una presión general en la opinión pública europea de los partidos conservadores que ceden ante el empuje de la extrema derecha, que es la que coloca en el centro el debate migratorio y rentabiliza los miedos. Creo que es una preocupación hinchada, pero ante esos mensajes, los partidos conservadores, incluso algunos liberales o de izquierdas, han querido contener el progreso de la ultraderecha aceptando el debate migratorio en sus términos, lo que es un error porque siempre ganará esta.

¿Hay algún factor diferencial en la sociedad española y valenciana, por ejemplo su pasado emigrante, respecto a los discursos racistas? 

El factor diferencial es que el componente migratorio en España y la Comunitat Valenciana está ligado a Latinoamérica y eso produce una cercanía cultural y lingüística, favorece la cohesión social y reduce la conflictividad. En segundo lugar, basta rascar un poquito para encontrar la presencia de emigrantes en las familias hace no más de 40 años, lo que genera un componente de incidencia. De todas maneras, está penetrando con fuerza el discurso xenófobo, el del inmigrante como amenaza, que nos quitan los trabajos o que complican las escuelas o la asistencia a los centros de salud.

Esos argumentos, sin embargo, chocan con que, por ejemplo, la semana pasada Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro del PP, dijera que el proceso migratorio está tirando de la actividad económica.

Hay un debate absolutamente hipócrita. La extrema derecha se cuida mucho de ocultar datos como los que maneja de Guindos o como los que presentó el Consejo Económico y Social de España. En el frío cálculo de costes y beneficios, el inmigrante aporta más de lo que cuesta. Ese argumento es contrario a la estigmatización y la amenaza que esgrime la ultraderecha y es incontestable. Lo que pasa es que el beneficio empresarial en buena medida está jugando con la inmigración irregular, porque sabe que con eso pueden estabilizar y bajar los salarios. Por eso la inmigración irregular es funcional a un cierto sector del mercado de trabajo.

¿No es un problema abordar la inmigración solo como un beneficio económico, sobre todo si llega una crisis?

Claro. Es un error reducir el debate migratorio a un debate instrumental. La dimensión económico-laboral de la inmigración es muy relevante, pero la exigencia de un Estado de derecho por encima de todo es el reconocimiento de los derechos. Los inmigrantes, antes que inmigrantes son personas. Del mismo modo que los niños inmigrantes, antes que inmigrantes son niños. Por tanto, para mí lo prioritario es que son personas que tienen derechos.

¿Eso se garantiza con una regularización?

Las regularizaciones son un mal inevitable, una medida necesaria porque hay que hacer algo conforme va creciendo la bolsa de irregularidad. Pero al mismo tiempo muestran el fracaso de un modelo de política migratoria, porque hay una necesidad cíclica de estas regularizaciones. Todos los gobiernos, menos el de Rajoy, han acudido a estos procesos. Demuestra que nuestra política migratoria es ineficaz, además de ilegítima, porque no establece cauces legales, seguros y estables, lo cual no significa que haya una política de puertas abiertas, algo que no puede permitirse por sí solo ningún país.

¿Y qué le parece lo que se sabe hasta ahora de la que propone el Gobierno?

Soy extremadamente crítico con cómo está configurado hasta ahora el decreto de regularización. Exige unas medidas de infraestructura y de dotaciones de personal en las comisarías de extranjería que no existen y que ya llevan un retraso de 200.000 solicitudes de refugio. Creo que el decreto va a ser un fracaso y va a generar una frustración considerable y que la decisión, aparte de los beneficios para las personas en situación irregular, obedece a un cálculo político del Gobierno. Primero, para desestabilizar al PP, y segundo, para conseguir un reagrupamiento de la mayoría parlamentaria en torno al PSOE en una jugada a tres bandas con Podemos, Junts y la posibilidad de ceder las competencias a Cataluña y Esquerra y el requisito del catalán.

¿Es muy diferente de las anteriores?

Es una anomalía en el discurso dominante en la política internacional. Otra peculiaridad es que no se pide contrato de trabajo, como sucedió en la de Zapatero. Además, se añade la exigencia de que no tener antecedentes penales o no ser una amenaza para la seguridad nacional, un concepto jurídico indeterminado. Y luego hay un factor que puede tener consecuencias discriminatorias y es la necesidad de apoyo de los partidos nacionalistas catalanes.

¿La izquierda debe mojarse más en el tema de la inmigración?

La izquierda debe mojarse más y de otra manera, de izquierdas y consecuente. La primera bandera de la izquierda es la igualdad, la igualdad de derechos, y el PSOE, como buena parte de la izquierda nacionalista, no debe ser una izquierda timorata que ponga en segundo término la exigencia de igualdad en los derechos. Ese es el gran pecado. Los analistas electorales convencen a los gobiernos y partidos que tener un lenguaje de poner por delante la igualdad en derechos es una sangría de votos, pero si la izquierda abandona esa exigencia ya no es izquierda.

¿Faltan políticas de integración?

Faltan, pero quiero criticar el término políticas de integración porque son en muchos casos políticas asimilacionistas en las que se supone que el inmigrante tiene que aculturarse y abandonar toda identidad propia. Eso hay que matizarlo mucho. Por lo tanto, no hablaría tanto de políticas de integración sino de acomodación mutua. Y eso supone una inversión en servicios públicos, en centros educativos, de enseñanza de la lengua, en sanidad y en vivienda. Si no hay inversión, no hay integración.

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