GUERRA CONTRA EL FÚTBOL PIRATA
LaLiga y Movistar+ 'abren fuego' ahora contra dos populares VPN
La Justicia apunta a dos conocidas plataformas, NordVPN y Proton VPN, a través de las cuales se consiguen esquivar las restricciones para ver partidos de forma fraudulenta en España

Dos cámaras apuntan a un lance dle juego en el partido entre el Celta y el Barça en Balaídos. / Marta G. Brea
LaLiga continúa 'disparando' contra el fútbol pirata por todos los flancos. Tras envíos de cartas a vecinos que supuestamente habrían visto partidos de forma fraudulenta por Ace Stream, bloqueos masivos de páginas webs alojadas en el servidor Cloudflare y hasta un «plan de gratificación» para chivatos en los bares, el organismo presidido por Javier Tebas apunta ahora a uno de los últimos escollos: las VPN. Junto con Telefónica Audiovisual Digital (TAD) —Movistar+—, el ente habría conseguido que la Justicia ordene a NordVPN y Proton VPN, dos conocidas plataformas, a impedir el acceso desde España a duelos de primera y segunda división emitidos de modo clandestino. Las VPN permiten acceder a ciertos contenidos restringidos en el propio país mediante una conexión intermedia a otra región de cualquier parte del mundo. «No hemos sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia», se defiende la propia Proton VPN a través de un comunicado en el que arremete contra la noticia.
Javier Tebas sigue pertrechado en su terna por derribar el muro de la piratería, aunque con dudosa eficacia y legalidad. Su estrategia de misivas ofreciendo un trato a cambio de hasta 450 euros a aquellas personas que aparentemente observaron fútbol pirata parece tener escaso o hasta nulo recorrido. La Justicia ya refirió que su trabajo se centra en aquellos que comparten su emisión con terceros, los llamados 'cardsharers'. Un auto del magistrado del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona dejó claro «a las teleoperadoras» que se les requerían únicamente «los datos personales» de aquellos que «comparten ilícitamente sus contenidos, y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota».

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mariscal (EFE)
Los bares tampoco se libran de esta redada balompédica. LaLiga inunda sus retransmisiones futboleras con un anuncio para captar a individuos dispuestos a desvelar la difusión tramposa en locales de hostelería. Aporta incluso una serie de instrucciones para formar a potenciales inspectores callejeros a los que, lejos de estar en nómina, les ofrece 50 euros.
Los bloqueos masivos de páginas de internet presentes en el servidor Cloudflare, que almacena tanto sitios legales como canales piratas, se mantienen igualmente en pie y se hacen notar esencialmente los fines de semana. De hecho, siguen afectando incluso a vecinos de Vigo que ni siquiera presencian fútbol. Una manera de sortear esto último es precisamente conectarse a una VPN, una Red Privada Virtual, que permite que el usuario se conecte, por ejemplo, a su ordenador, pero no desde España, sino desde otro país para regatear las restricciones impuestas en el propio.
La Justicia «reconoce la responsabilidad de estos intermediarios»
Pues ahora, el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba nº. 1 «reconoce la responsabilidad de estos intermediarios tecnológicos en el proceso de la piratería de partidos de LaLiga», según publica este martes el propio organismo de Tebas en su portal web. A lo que sigue, al amparo de «medidas cautelares»: «Ambas compañías deben implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para posibilitar que las direcciones IP aportadas por las demandantes [LaLiga y Telefónica], en las que se ha constatado la emisión ilegal de contenido audiovisual protegido, resulten inaccesibles desde España. Una medida, además, con carácter dinámico y ante la que no cabe recurso».
«Ambas compañías deben implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas»
Todo esto, supuestamente. Con la táctica de las cartas, LaLiga se apoyó en otro auto del mismo juzgado andaluz para justificar la obtención de las IP que se conectaron a la retransmisión ilícita mediante Ace Stream, pero finalmente resultó que el documento legal explicitaba que este no tenía «por objeto declarar la responsabilidad por haber cometido una infracción de ninguna persona»: «Su objeto es simplemente habilitar un acceso a información necesaria». Sin embargo, cada escrito sí instaba al pago de hasta 450,16 euros por haber infrinjido la ley y para «evitar la continuación del procedimiento judicial».
Proton VPN: «La orden judicial emitida sería procesalmente inválida»
La propia Proton VPN ha lanzado una contestación en sus redes sociales en la que afirma no «haber sido notificados formalmente de ningún procedimiento o sentencia» y ni siquiera tener «conocimiento de ningún procedimiento que pudiera haber estado en curso antes de que salieran a la luz estos informes».
A renglón seguido, elevan el tono de la respuesta al advertir de que «cualquier orden judicial emitida sin la debida notificación a las partes afectadas, negándoles así la oportunidad de ser escuchadas, sería procesalmente inválida según los principios fundamentales del debido proceso».
«Los tribunales españoles, como todos los que funcionan bajo el Estado de derecho, están sujetos a garantías procesales que respaldan que las partes tengan una oportunidad justa de presentar su caso antes de que se dicte una sentencia vinculante», abunda la firma con sede en Suiza. NordVPN, con base en Panamá, no se ha pronunciado por el momento. Ambas localizaciones disponen de leyes particulares, de ahí que estas empresas hayan asentado sus centros de operaciones en estos puntos.
Finalmente, LaLiga saca músculo en su nota tilando estas resoluciones de «inauditas en España y pioneras a nivel mundial por su carácter dinámico». «Se suman a otras similares como la dictada en Francia, donde también se reconoce la responsabilidad de las VPN en el proceso del fraude audiovisual», remata.
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