Formulada la primera querella criminal contra la directiva de la Federación Galega de Pádel

La junta directiva de la Federación Galega de Pádel será judicialmente investigada si prospera la querella criminal que acaba de interponer contra la misma un miembro federado en los juzgados de A Coruña, ciudad en la que se encuentra la sede de esta organización, que cuenta con más de 10.700 federados.

Según la documentación a la que ha tenido acceso FARO, el querellante atribuye al equipo directivo de Manuel Fernández Prado la comisión de los presuntos delitos de aprobiación indebida o alternativamente de administración desleal, «sin perjuicio de cualquier otro delito cuya comisión pudiera quedar acreditada a lo largo de la instrucción». Por tanto, el reproche penal que persigue esta querella iría mucho más allá de su presidente porque reclama la citación de vicepresidentes, secretario, tesorero y los cuatro vocales como investigados (imputados).

El caso emana de presuntas irregularidades en la gestión de la Federación, más allá de las ya reprobadas a cargo del Pleno del Comité Galego de Xustiza Deportiva, que, como avanzó FARO, decretó la inhabilitación de su presidente tras haberse autoconcedido en 2022 un préstamo hipotecario personal de 50.000 euros con cargo a fondos de la organización, al 0% de interés y con vencimiento a cuatro años prorrogables.

El expediente de Xustiza Deportiva determinó que la conducta de Fernández Prado es «ilegítima» en tanto «se basa en el aprovechamiento particular del cargo para obtener un beneficio financiero en condiciones extraordinariamente ventajosas», en referencia a ese 0% de interés con cuatro años prorrogables de plazo para su amortización. Abundó que ha existido también un «desvío del patrimonio federativo», teniendo en cuenta que esa partida económica no estuvo a disposición de la federación durante dos años (hasta que lo devolvió), y una «vulneración en el deber de diligencia».

De acuerdo a la querella criminal, registrada con fecha del 22 de enero, «el Presidente dispuso de patrimonio de la Federación Gallega de Padel, utilizándolo para fines estrictamente privados, contando para ello con la connivencia de los miembros de la Junta Directiva, que no dieron la voz de alarma ni se opusieron a la disposición de los fondos, lo que hubiera resultado obligado de acuerdo con su deber de diligencia en la administración del patrimonio federativo».

Los pagos a la junta

«Al menos desde el ejercicio 2022 y hasta la actualidad, los querellados, prevaliéndose de sus cargos, han venido desarrollando diferentes conductas contrarias al interés general de la Federación Gallega de Pádel», expone la querella, que cita los duros informes de auditoría expedidos por Auren y desgranados también por este periódico. La auditora llamó la atención, por ejemplo, del sistema de retribuciones de la directiva, que percibió más de 200.000 euros en «remuneraciones» entre los años 2019 y 2024.

«Dichas remuneraciones --dice el informe de auditoría de Auren, en este caso sobre las cuentas de 2023-- se realizan como compensación de los gastos estimados por la Federación que serán soportados por la Junta Directiva». Pero la auditora tuvo que exponer que «no hemos podido obtener evidencia suficiente y adecuada en relación a la razonabilidad de dicho gasto» o su validación por parte de la asamblea general.

La querella interpuesta ha interesado también que se aporte copiosa documentación interna de la federación.

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