El fiscal de Barcelona Pedro Castro ha solicitado en su escrito de acusación dos años y nueve meses de prisión al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell por presuntamente haber defraudado a Hacienda 230.591 en 2012, así como el pago de una multa de 300.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y del derecho de gozar de incentivos fiscales, según el escrito al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya. La pena solicitada podría haber sido mayor, pero la acusación pública le aplica la atenuante de reparación del daño, pues el exmandatario azulgrana ingreso en las arcas públicas la cuota defraudada y los intereses (287.911 euros),
Según la fiscalía, Rosell "ideó y ejecutó una conducta de defraudación" a Hacienda. En el 2012, sostiene, el empresario se dedicó a las labores de consultorías y mediación, aportando durante el expediente de comprobación los libros y registros obligatorios a efectos fiscales. La acusación subraya que para el "grueso de actividades", el expresidente del Barça se sirvió de la sociedad TOC SLU, que fue constituida tres años antes y cuyo objeto social, entre otros, es la organización de eventos, incluyendo inversiones a través de participaciones en otras firmas. Estaba domiciliada en su domicilio y carecía de "estructura empresarial para prestar los servicios". De las cinco personas que hicieron trabajos para ella lo hacían de limpieza y mantenimiento de la vivienda del exejecutivo de club y de una segunda residencia, insiste la acusación pública.
Control de una sociedad
El escrito del fiscal subraya que, "merced a su control" sobre esta sociedad, Rosell "se sirvió formalmente" de ella en el 2012 para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación del IRPF por 352.382 euros, unos ingresos derivados de su "personal actividad profesional". La compañía TOC se limitó, incide, a "subarrendar oficinas" en el inmueble que, a su vez, tenía alquilado el acusado. El mecanismo presuntamente defraudatorio, a su entender, consistió en la "emisión y cobro" por parte de esa sociedad de facturación por ese importe a clientes que "eran del propio" imputado. Esta conducta permitía "ocultar" la retribución de Rosell por los servicios profesionales que prestaba a terceras personas. A los 352.82 euros, se debe restar los gastos: 7.000 euros correspondientes a telefonía móvil. La acusación pública también detalla deducciones no justificadas, así como una operación inmobiliaria y la no inclusión en su declaración de Hacienda de unas rentas de una finca.
En el 2019, la Audiencia Nacional absolvió a Rosell, que estuvo y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. Por este caso, estuvo 22 meses en prisión. El expresidente del Barça todavía tiene pendiente el juicio por el fichaje de Neymar, en el que se enfrenta a cinco años de prisión por los presuntos delitos de corrupción y estafa.
