El ciclismo gallego se despereza tras el parón de la pandemia. Comienza a bullir el calendario como antaño e incluso más. El conflicto entre la Federación Gallega y un sector de sus árbitros, sin embargo, introduce un elemento perturbador en este panorama. Los críticos reclaman al presidente federativo, Juan Carlos Muñiz, mayor autonomía y la protección de sus atribuciones. Muñiz se declara dolido pero también dispuesto a dialogar para desbloquear una situación complicada, que se calibra en números: de los 34 árbitros y 8 aspirantes de anteriores temporadas solo 22 han sacado licencia y 10 están ejerciendo de manera efectiva (6, afirman los críticos). En Galicia, en años normales, se organizan alrededor de un centenar de pruebas.
El árbitro y cronometrador ostenta múltiples funciones en las diversas modalidades de ciclismo (ruta, trial, BMX, pista, ciclocross, adaptado): revisión de reglamentos, toma de tiempos, control de las carreras... Un papel esencial, por el que se decantan ciclistas que desean seguir ligados a este deporte cuando ya no disponen de tiempo para practicarlo con asiduidad. También de directores y organizadores se nutre este cuerpo.
Las fricciones con la Federación Gallega tienen raíces profundas. Parte del embrollo se enrosca en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), encargado de confeccionar y fiscalizar las normativas. A David Vidal, como su presidente, lo sucedió José Luis Padín y a este, Iván Lorenzo. A Lorenzo lo tuvo que destituir el presidente de la Federación Gallega, Juan Carlos Muñiz, elegido en 2015. Los estatutos federativos le reconocen esa potestad a su máximo mandatario. Muñiz ejerció también como presidente del CTA por necesidad durante unos meses. Finalmente se postuló para el cargo Javier Cajiao a fin de desbloquear el pasmo. David González y el propio David Vidal, que cifran la fuerza de los críticos en 27 de los 34 miembros del colectivo, aseguran que Cajiao se presentó como una figura de transición, provisional. Citan que Muñiz aceptó que los propios árbitros eligiesen a su cabeza visible. Pero Cajiao, a quien le han manifestado que no lo respaldan, sigue al frente del CTA. Para Vidal y González, Muñiz ha incumplido lo pactado porque no necesita los votos arbitrales en la asamblea general.
Ciertamente el peso de los árbitros es escaso en el órgano representativo. Apenas cuatro asientos de un total de 73. Los demás corresponden a los 290 clubes, casi 9.000 licencias y más de cuarenta directores del ciclismo gallego. Pero Muñiz niega que se escude en la firmeza que le proporcionan los otros estamentos. Recuerda que por propia voluntad ha limitado a dos mandatos la vigencia de un presidente. “Estoy aquí para trabajar por todos y tratar de dar soluciones a los problemas. Después hay que tomar decisiones y a veces no todo el mundo está a gusto”, reflexiona.
Desde esa discrepancia inicial se han multiplicado los conflictos. González y Vidal denuncian que el CTA ha dejado de funcionar. Aseguran que las designaciones para cada prueba, que antes se efectuaban con un mes de antelación, se realizan ahora en la misma semana “por desidia”, con la consiguiente dificultad para conciliar la tarea deportiva con la vida familiar o laboral. Les hiere también que las labores de cronometraje se estén encargando a empresas privadas, cuyo coste asume la Federación Gallega, mientras otras como la Vasca y la Catalana han invertido en equipos informáticos y formación. González y Vidal, en su memorial de agravios, citan que hay árbitros de categoría autonómica administrando pruebas nacionales (“es como si te operase un enfermero en vez de un cirujano”) y que dirigentes de la federación están “usurpando” funciones arbitrales. Y mencionan un caso especialmente molesto: se decidió que sus retribuciones (solían rondar los 2.000 anuales, en función del número de pruebas arbitradas) se incluirían en la declaración a Hacienda a partir de 2020 pero se adelantó a 2019, sin previo aviso e introduciendo conceptos no sujetos a retención como las dietas. Algunos árbitros, que ya habían hecho la declaración, tuvieron que realizar complementarias o se les sometió a inspección. “Muchos veteranos ya lo han dejado por cansancio, por hastío”, resumen González y Vidal, que aseguran que los dirigentes “han roto la comunicación con todos nosotros”.
Muñiz admite un error puntual en el caso del IRPF. Niega la usurpación de funciones. Considera que la gestión del cronometraje depende de las necesidades de cada prueba o del organizador y revela, además, que la Federación Gallega acaba de adquirir dos equipos por más de 40.000 euros. “Esto se puede hacer ahora porque hemos encadenado cuatro años con resultados económicos positivos, con un equilibrio presupuestario de gastos e ingresos”, indica. De las designaciones se encarga una aplicación informática y reprocha lo que en el pasado consideró una “huelga encubierta” de los árbitros críticos, que afirma que se borraban de las pruebas sin margen de maniobra.
Muñiz, sanitario de profesional y bajo cuya presidencia las licencias han aumentado de 5.900 a 9.000, asegura sentirse dolido con unos opositores que no tienen en cuenta el trabajo desarrollado en circunstancias tan complicadas. Menciona que la Federación Gallega ha subvencionado cursos y paga la ropa de los árbitros, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la Española. Y rechaza que sean 27 los críticos, que además “están viendo su realidad, su mundo, pero no es la realidad del ciclismo gallego. No me merezco esta puñalada”.
Para Muñiz, los árbitros críticos “quieren cabezas”: la suya y la de Cajiao. Añade: “Cuando quieres la cabeza de un presidente, tienes que presentarte a unas elecciones y ganarlas de forma legal y democrática, no con coacciones”. Aunque asegura que “Cajiao no tiene ningún problema en ceder el puesto si alguien cuenta con una mayoría”.
“Tengo un carácter dialogante, constructivo”, asegura Juan Carlos Muñiz. “Estaría encantado de que tuviésemos 40 árbitros. Estamos para trabajar por los protagonistas, que son los ciclistas, los chavales, a quienes me debo”. Esa última oferta de diálogo abre una vía a la conciliación que podría incluir la renuncia de Cajiao y el regreso de Padín a la presidencia del CTA.
