Tras rechazar Competición la segunda recusación planteada por el Fuenlabrada, el Juez Instructor de la Federación Española, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, acaba de presentar su escrito en el que propone el "descenso de categoría" y una multa de 15.001 euros para el Fuenlabrada por conductas contrarias al buen orden deportivo, una infracción tipificada como muy grave en el artículo 68.1 de la RFEF. Justifica la gravedad de la solicitud en que "la conducta infractora supone una grave afectación a la competición, el bien deportivo, el fair play y la salud de los principales actores, y que solo se repara impidiendo participar en la misma a quien la causó, de tal manera que la sanción cumple el principio de proporcionalidad".

Para él "se ha producido afectación mediante engaño,ocultación de datos, proporción de información sesgada y tardía, y riesgo para la salud de los participantes de la competición". Considera que las actuaciones del Fuenlabrada, en connivencia con la LFP, causan "dolo" y señala en repetidas ocasiones que el presidente y el médico del Fuenlabrada "mienten" y muestran "incongruencias" en sus testificales.

Las declaraciones son básicas en su argumentación y en lo que desgrana en los fundamentos de derecho, pero los informes solicitados son también parte importante, sobre todo, el que firma el médico del club madrileño el 20 de julio, que es remitido a la comisión de seguimiento para la suspensión del partido, reconociendo la existencia de "positivos" desde el día 18 y aconsejando "no viajar" A Coruña y decretando "cuarentena domiciliaria" a todo el grupo, al que considera contacto estrecho.

El juez instructor asegura que el presidente, el médico (uno de los primeros cuatro positivos) y directivos conocían los cuatro positivos "en los días previos" (un jugador, un fisioterapeuta y un analista de vídeo, además del galeno) y los ocultan "intencionadamente, a sabiendas del riesgo y a mala fe" temiendo las consecuencias.También considera probado que el presidente del Fuenlabrada contradice el consejo médico de no desplazarse A Coruña al asegurar que el médico les había dado "un poco de manga ancha" para hacerlo en unas testificales en las que tanto él como el resto de trabajadores del Fuenlabrada utilizan los conceptos de falso positivo o resultado alterado para reforzar una versión conjunta de que solo conocieron los mismos de manera certera el lunes por la tarde.

Sobre la no comunicación de los positivos a las autoridades sanitarias, el instructor concluye que eleva su "actuación dolosa" y lo ve de una "irresponsabilidad absoluta". Según la información recabada en el expediente, la Comunidad de Madrid los conoce el lunes, el Concello por la prensa y el Sergas, también el lunes por la tarde, a pesar de que según sus conclusiones hay, al menos, un positivo confirmado desde el sábado.

"Una desvirtuación nunca vista del campeonato". Se detiene también en las consecuencias deportivas de no haber puesto en conocimiento de los responsables deportivas (RFEF y CSD) la situación generada tras el partido ante el Elche. A su juicio el Fuenlabrada y LaLiga

Considera que "tiene una relevancia trascendental en el desarrollo de la competición" y que si se hubiera hecho con mayor antelación, habría "más tiempo y quien sabe si otra decisión" sobre el desarrollo del final del campeonato. Apunta, además, que los jugadores no fueron informados debidamente de la situación hasta el lunes y que se puso en riesgo la salud de los árbitros, que estuvieron en contacto con uno de los conductores del bus puesto en cuarentena y con un miembro de la expedición madrileña.

Sobre las incidencias en el desarrollo de la competición, se decretó con "muy poco margen de maniobra" y se constituyó como "la menos perjudicial con la información facilitada". Para el juez, hubo terceros clubes "perjudicados" que no son responsables, son "víctimas" de "haberse alterado el buen orden deportivo".

En este punto, critica a la LFP, a la que acusa de mostrar una "estrategia de defensa conjunta" con el Fuenlabrada, "abandonado a su suerte al resto de clubes" y demostrando "un interés desmedido al adquirir un rol interesado y sobreprotector en defensa" del club en el que trabaja el hijo de su presidente, Javier Tebas, que fue el letrado del club en la ronda de testificales de la instrucción de la RFEF. Concluye, de esta manera, que "las consecuencias de la actuación dolosa y de mala fe del Fuenlabrada han desencadenado una adulteración sin precedentes y una afectación a terceros con gravísimos e irreparables perjuicios".

Las partes tienen días hábiles para presentar recurso y luego será el Comité de Competición, el primero que decida, aunque es probable que llegue a Apelación e incluso al TAD porque todas las partes están abiertas a agotar todas las vías legales, incluso la justicia ordinaria.

El artículo 61 del código disciplinario de la RFEF recoge que el equipo descendido acabará el campeonato con 0 puntos y ocupará una de las plazas que acarrean descenso de categoría, con lo que lo que el Fuenlabrada acabaría último y el Dépor, 18º, con lo que aspiraría a mantener la categoría. El club coruñés y el Numancia están atentos al desenlace de los acontecimientos con la Liga de 24 como escenario alternativo.

Críticas a La liga

Críticas a La liga

Más allá de la cronología, los fundamentos de derecho, sus conclusiones y la propuesta, el juez instructor quiso hacer además una serie de consideraciones sobre el proceder del Fuenlabrada y de la LaLiga en la instrucción este expediente. Cree que el club ha realizado "un innegable derecho de defensa que se podría calificar como excesivo" al tratar de archivarlo empleando "más vías de las debidas". Ha llegado incluso a cometer "irregularidades" remitiendo escritos donde se adjuntaban pruebas videográficas, a pesar de la advertencia de no poder grabar, y ha amenazado con "acciones legales de forma persistente en un claro intento de amedrentar y biocotear el procedimiento".

Con la LFP es aún más crítica, ya que considera que ha sido "especialmente proactiva" en la "ferviente defensa de los intereses del Fuenlabrada, a pesar de no ser denunciante ni parte interesada". Una defensa de uno de sus afiliados que le parece "a ultranza, inusitada y sin paragón", llegando presentar incluso "escritos simultáneos para cuestiones", en las que la patronal nada tenía que ver. A su juicio, existía una "clara estrategia conjunta de carácter obstruccionista".