La paralización de la actividad aboca a las sociedades anónimas deportivas y clubes a graves pérdidas. El presidente de la LaLiga, Javier Tebas, estima en 700 millones ese impacto en Primera y Segunda División si la temporada se cancela. Habrá negociaciones y litigios en la interpretación de contratos como el televisivo, de pago en gran medida ya anticipado. Las directivas estudiarán todas las herramientas de las que dispongan para minimizar el perjuicio. Aplicar un Expediente de Regulación de Empleo, seguramente temporal (ERTE) sin descarta el de extinción (ERE), es una posibilidad que ya se estudia en los despachos del deporte español. Y podría afectar a los jugadores y entrenadores, además de a otro tipo de empleados. "Es perfectamente viable", sentencia el abogado vigués Pablo Viana, que conoce bien la materia y su aplicación.

Causas técnicas, organizativas o productivas, como sería el caso, permiten que una empresa solicite el ERTE a la autoridad laboral. Un requisito previo a la concesión es la negociación con la plantilla de trabajadores durante 15 días en busca de soluciones alternativas. Pero una causa de fuerza mayor, como la epidemia de coronavirus, permite prescindir de este periodo de consultas. La existencia de fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral, desbordada ya estos días de trámites al respecto.

Sucede en el deporte profesional y singularmente en el fútbol que sus principales empleados, los jugadores, acaparan gran parte del gasto salarial e incluso del presupuesto global de las sociedades. A la vez constituyen su producto y patrimonio, en un intrincado y delicado juego que limita la capacidad de maniobra de las directivas. Les convendrá soluciones pactadas antes que revoluciones en el vestuario o astros queriendo irse. Con todo, el expediente de regulación es una opción y Viana, enfocando en el caso más significativo en volumen de negocio del deporte vigués y gallego, indica: "El Celta debería tener el ERE encima de la mesa, programado. Y la primera plantilla también son empleados".

Viana, de familia largamente vinculada al club céltico, él mismo su asesor jurídico durante el mandato de Horacio Gómez y después representante legal de jugadores que convirtieron la deuda en acciones, conoció de primera mano el primer ERE que se planteó seriamente en el deporte español. Fue en marzo de 2014. Viana ejercía de asesor entonces de Gorka Arrinda en el Bilbao Basket. Cuando los jugadores del club vizcaíno se declararon en huelga, Viana estudió la posibilidad de presentar un ERE. Diseñó esa opción después de que el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, una eminencia en derecho laboral, le confirmase que era posible. Pablo Viana empleó la amenaza de ese ERE en su contienda con los baloncestistas.

Finalmente no fue necesario. La plantilla había cometido el error de ir a la huelga por voto unánime en el vestuario, pero sin contar con los demás empleados de la entidad. El paro se desconvocó y poco después Gorka Arrinda, fundador del Bilbao Basket, cedió su control a otros gestores. Pero en el proceso quedó claro que los deportistas profesionales, aunque tenga un contrato de relación especial con sus empresas, pueden verse involucrarlos en este tipo de actuaciones. De hecho, el ERTE podría afectarles más a ellos que otros empleados, en función de cómo se haya visto alterada la actividad. No obstante, resulta lógico esperar una política coordinada por LaLiga como patronal, en debate con la AFE.