La juez Carmen Lamela ha rechazado poner en libertad al expresidente del Barcelona Sandro Rosell, en prisión desde el 25 de mayo acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol, que luego blanqueó en Andorra.
Se trata de la segunda vez que desde la Audiencia Nacional se oponen a su excarcelación, ya que el pasado día 4 la Sala de lo Penal desestimó el recurso de apelación que interpuso contra la decisión de Lamela de enviarle a prisión provisional.
En el auto en el que deniega la libertad a Rosell, la juez rechaza también dejar libre a otro de los detenidos en la operación Rimet, el abogado y político andorrano Joan Besolí, al que se le atribuye la creación de empresas en el Principado con las que supuestamente se blanqueó el dinero.
Según Lamela, aún persiste el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, ya que existen "fundados indicios" de la presunta participación de ambos en delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales.
Viajes
Respecto al arraigo invocado por Rosell para conjurar el riesgo de fuga, la juez cree insuficiente que tenga nacionalidad española, propiedades en España y dos hijas que viven en este país, ya que la investigación ha puesto de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo.
Recuerda, en este sentido, que posee "una gran fortuna", así como cuentas y bienes fuera de España, que le facilitarían su huida y su subsistencia en otros países.
En cuanto a Besolí, Lamela entiende también que sus posibilidades económicas incrementan el riesgo de fuga, y cree además que ello le permitiría incluso llevarse en su huida al hijo que tiene enfermo, cuya delicada situación alegó en su recurso, "sin desconocer el grave problema" de esta situación.
Tampoco desvanece ese riesgo el hecho de que se haya comprometido a adquirir la nacionalidad española, ya que, según la juez, se trata de una intención y requiere de la tramitación de un largo procedimiento que puede durar incluso más que la instrucción y el enjuiciamiento de esta causa.
