El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se sentará en el banquillo por un delito de corrupción entre particulares después de que la Audiencia Nacional haya confirmado su procesamiento por irregularidades en el fichaje del delantero Neymar da Silva.

En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso de la defensa de Bartomeu contra su procesamiento, al entender que sí hay indicios de que cometiera ese delito porque los acuerdos en 2011 entre el Barça y Neymar para ficharle desde el Santos alteraron "el libre mercado de fichajes de futbolistas, al impedir que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia".

La participación de Bartomeu en esta operación fue "nítida", dice la sala, porque ostentaba en ese momento la vicepresidencia del Barcelona y tenía "responsabilidades directivas en el ámbito deportivo" al mismo nivel que el entonces presidente, Sandro Rosell, "participando ambos" en los contratos supuestamente fraudulentos de 2011 para negociar el traspaso, que se produjo finalmente en 2014.

Ni Bartomeu ni Rosell, también procesado, informaron de estos acuerdos a la junta directiva del Barça, ni al Santos ni al fondo DIS, que es el impulsor de la querella y resultó perjudicado por la operación porque tenía en ese momento el 40 % de los derechos federativos de Neymar y no recibió el dinero que tenía que haber cobrado.

En esta causa también están procesados el propio Neymar da Silva y el FC Barcelona como persona jurídica, además de la madre del jugador, Nadine Gonçalves, la empresa familiar N&N y el Santos.

La Audiencia Nacional recuerda que el fichaje se pactó con Neymar y con la empresa familiar N&N (que tenía al 50 % con sus padres y ostentaba los derechos económicos de Neymar) en dos contratos de noviembre y diciembre de 2011, que, bajo la simulación de otros conceptos, en realidad perseguían cerrar el traspaso en 2014, cuando Neymar ya tendría la condición de "free agent" y no estaría sujeto a los derechos de DIS.

Así, acordaron el fichaje por 40 millones de euros en un contrato y en otro un "préstamo" ficticio de 10 millones más a N&N, que en realidad, dice el auto, respondía a "un pago parcial de la transferencia del jugador".

Por ello, la Sala ratifica que hay indicios de un delito de corrupción entre particulares porque el Santos desconocía el acuerdo, ya que ni Neymar ni el Barcelona se lo comunicaron y la mercantil DIS "tampoco conoció el traspaso pactado".